Las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron, con 22 votos a favor y uno en contra, el proyecto de decreto para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig).

La propuesta establece que se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

El proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud, indica que se aumentará al doble la sanción cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

En caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez, puntualiza el documento.

Cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

Además, bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere, establece el proyecto de decreto.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Justicia, senadora Olga Sánchez Cordero, aseveró que esta reforma es un asunto de libertades, de derechos y de igualdad, pues busca erradicar una tortura que va en contra de la dignidad humana y de la integridad de las personas; “no hay nada que curar”, enfatizó.

En tanto, el senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, adelantó que presentará una reserva en el Pleno para modificar la redacción en la tipificación del delito: “creo que éste se puede mejorar bastante, pues se puede criminalizar a ciertos actores por la forma en la que está redactado el tipo penal”, acotó.

La senadora Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario de Morena, denunció que, durante los seis años que se ha discutido este proyecto, muchas personas han sufrido debido a la reacción de sus familias cuando no son comprendidas; “muchos de esos casos lamentables de vida han derivado en suicidios”, lamentó.

La senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano, destacó que se pueden conseguir cosas extraordinarias para garantizar los derechos de los grupos más vulnerables cuando se dejan de lado las disputas partidistas. Además, subrayó que no hay nada que curar y se dijo orgullosa de las personas que luchan porque se les reconozca.

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Foto: especial

gse