El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del PRD, presentó el informe “Incendio en la Estancia Migratoria de Ciudad Juárez. No nos dejen morir aquí”, documento en el que varias organizaciones sociales documentan los hechos ocurridos la noche del 27 de marzo de 2023, donde perdieron la vida 40 personas y 27 más resultaron lesionadas.

El documento fue elaborado por Jerónimo del Río y Helen Kerwin, bajo la dirección y coordinación de Ana Lorena Delgadillo Pérez, con la colaboración de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; el Instituto para las Mujeres en la Migración; el Área de Incidencia de Derechos Humanos Integrales en Acción; y Asylum Access Mexico.

Álvarez Icaza dijo que el reporte proporciona un panorama más profundo del “crimen de Estado”, ocurrido en esa estación migratoria, que está rodeado de decisiones previas como las detenciones arbitrarias de migrantes en retenes de detención en Tapachula, Chiapas, entre otros aspectos.

“No es sólo el hecho, negligente y criminal, de que no se abriera la puerta, sino que hubo muchas cosas antes, por eso, como bien dicen las organizaciones civiles, es sólo un reflejo de la política migratoria”, expuso.

En el reporte se señalan “las graves violaciones a los derechos humanos de las que han sido víctimas” las personas migrantes, desde que fueron detenidas y trasladadas a dicha estancia, hasta los procesos de lucha emprendidos por el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y a la reparación integral del daño.

Además, se expone que el hecho ocurrido en la Estación Migratoria Lerdo-Stanton no fue aislado, ya que desde 2019 se registraron 14 incendios previos, uno de ellos en la Estación de ese municipio.

También da cuenta de la falta de condiciones operativas de ese espacio, la ausencia de medidas de protección civil, agresiones en contra de las personas migrantes por parte de personal de seguridad privada y de autoridades del Instituto Nacional de Migración.

La senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, consideró que nuestro país debe ser capaz de elaborar una política migratoria solidaria con quienes transitan por México, “que sea capaz de darles a nuestros hermanos continentales y del mundo, lo que exigimos para los connacionales en Estados Unidos, pues si no somos capaces de ser coherentes con el respeto a los derechos humanos difícilmente tendremos legitimidad para exigir”.

Agregó que el incendio se trató de un hecho trágico que refleja la ausencia de una política integral migratoria con visión de derechos humanos, así como de la tradición mexicana al respeto al derecho al asilo.

Laurence Pantin, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, destacó que, entre otros puntos, el informe visibiliza la utilización de la detención como eje central de la política migratoria mexicana, acción que es violatoria de acuerdo con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

También revela las condiciones inhumanas en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, la falta de alimentos, agua potable y productos de primera necesidad; además de que las personas eran sometidas a agresiones, insultos y tortura por parte de guardias de seguridad privada y de personal del Instituto Nacional de Migración.

Agregó que a la fecha ninguna de las víctimas o sus familiares que representan, ha recibido algún tipo de compensación o reparación integral de los daños.

Por su parte, Jerónimo del Río, integrante de la misma Fundación, dijo que desde 2019 se registraron 14 incendios en estaciones de detención de migrantes, y que en general, estos espacios carecen de condiciones para albergar a personas ya que no cuentan con medidas de protección civil, extintores, ni de protocolos para responder a emergencias.

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Foto: especial

gse