Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, que presiden la senadora Olga Sánchez Cordero y el senador Rafael Espino de la Peña, aprobaron un dictamen para sancionar el denominado “cobro de derecho de piso”.

El proyecto reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a fin de considerar el cobro de derecho de piso como un acto de la delincuencia organizada e imponer de ocho a 12 años de prisión y de 80 a 120 días multa a quien lo cometa.

De este modo, se busca sancionar a quien realice actos para “coaccionar a personas físicas o morales para obtener recursos pecuniarios, en especie o de cualquier otra índole, para sí o para otro, a cambio de no interferir en que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, mediante el amago, el empleo de la fuerza, o cualquier otro medio de amenazas”.

El documento precisa que dicha coacción se sancionaría cuando se realice de manera directa o a través de cualquier dispositivo o tecnología, hacia la persona, a miembros de su familia, trabajadores o propiedades.

Los integrantes de las Comisiones consideraron que es fundamental que el cobro de derecho de piso sea considerado como un delito de la delincuencia organizada, ya que eso permitirá tener una respuesta más coordinada y efectiva por parte de las autoridades en contra de este ilícito, pues los grupos criminales suelen tener una estructura organizada y recursos considerables para cometer tales conductas.

Posteriormente, las y los senadores aprobaron reformar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de procurar la reinserción social de las personas adolescentes de manera especializada.

La propuesta busca que la prevención y atención de la reincidencia se contemplen desde la concepción misma de la reinserción social, pues ello marcaría la pauta desde el propio concepto legal para que las autoridades penitenciarias puedan desarrollar programas, planes y actividades que atiendan con una mayor integralidad el tema de la reinserción.

Ello resulta trascendental para la reincorporación plena de la persona privada de la libertad, para que cuando ya haya saldado su deuda por la comisión del delito, esté en aptitud de ejercer de la mejor forma los derechos y libertades que le han sido restituidos, indica el documento.

En la reforma se plantea crear un Comité Técnico Especializado adscrito y presidido por la autoridad administrativa, integrado por profesionales de medicina, trabajo social, psicología, cuya función principal sea la de diseñar el plan individualizado de ejecución que se asignará a cada adolescente para el mejor cumplimiento de su medida de sanción.

De este modo, puntualiza el proyecto, dichos planes podrán ayudarles a reintegrarse en la sociedad, la vida familiar, la educación o el trabajo, después de ser puestos en libertad, con la intención de considerar aspectos que antes no eran tomados en cuenta, como la salud mental del adolescente.

Foto: archivo m

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