Ningún poder público puede suplir las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), señalaron los comisionados ante la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de desaparecer al organismo.

A través de un posicionamiento, indicaron que el Instituto es un componente fundamental del Estado mexicano que, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, tiene como funciones esenciales la promoción y garantía de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales.

“Las funciones del INAI no pueden quedar sujetas a ningún poder público o ente que tenga otra función constitucional”, destacaron Adrián Alcalá Méndez, y las comisionadas Norma Julieta del Río Venegas, Blanca Lilia Ibarra Cadena y Josefina Román Vergara.

Por lo tanto, ni la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Poder Legislativo y está destinada a auditar a todos aquellos que ejercen gasto público, ni la Secretaría de la Función Pública que, por depender del Poder Ejecutivo, la convertiría en juez y parte cuando al Gobierno se le exigiese alguna información, podrían asumir las funciones que actualmente tienen el organismo garante.

“Pues la protección efectiva de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales requiere de una institución autónoma, especializada e imparcial, que ejerza sus competencias constitucionales con perspectiva garantista, como lo hace el INAI”.

El Pleno del INAI analizará la iniciativa de reforma que atañe a este organismo garante, presentada por el Presidente de la República, en el marco del aniversario de la promulgación de la Constitución, así como las acciones que determine emprender, conforme a sus atribuciones constitucionales.

Mientras tanto, manifestó su apertura al diálogo y su interés de participar activamente en ejercicios de parlamento abierto, conversatorios, foros y otros espacios donde sea posible debatir y dejar clara la importancia de contar con un organismo constitucional autónomo, independiente de los poderes públicos, que garantice la vigencia, ejercicio y tutela efectiva de los derechos humanos referidos.

Asimismo, el Pleno expresó su disposición para identificar los aspectos de la legislación secundaria que deben ser revisados y actualizados, con el objeto de mejorar el desempeño del organismo, así como el cumplimiento de las obligaciones que tanto los entes públicos, como privados tienen en relación con los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales.

Foto: archivo m

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