Ante la crítica situación de desabasto de medicamentos en México, diputados federales suscribieron una iniciativa que reforma la Ley General de Salud para garantizar el acceso a medicamentos cuando se necesiten, no cuando el Gobierno Federal lo determine.

El documento fue firmado por Éctor Jaime Ramírez Barba, Ana Laura Sánchez Velázquez, Frinné Azuara Yarzábal, Laura Barrera Fortoul, Marcelino Castañeda Navarrete, Leticia Zepeda Martínez, Martha Estela Romo Cuéllar, Mariana Nassar Piñeyro, Vicente Javier Verástegui Ostos, Juan Carlos Maturino Manzanera, María del Carmen Escudero Fabre y Mariana Mancillas Cabrera, del PAN, PRI y PRD.

En un comunicado señalaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Estado se encuentra obligado al suministro del tratamiento de forma oportuna, permanente y constante, y además debe ser entregado considerando el estado de salud del paciente, así como sus requerimientos médicos y clínicos, tomando particular importancia cuando se trata de padecimientos en los que el éxito del tratamiento dependa, principalmente, del óptimo cumplimiento en la toma de medicamentos.

Además, ante la interrupción del suministro de los medicamentos del tratamiento médico las autoridades responsables y vinculadas deben reembolsar al quejoso los gastos erogados por la adquisición del medicamento.

Señalaron que la iniciativa surge como respuesta a propuestas absurdas e ineficaces del Gobierno Federal, como la creación de una “megafarmacia”, que no resolverá el desabasto y aumentará los tiempos de traslado de medicinas. Esta medida inventada por el Presidente sólo perpetúa la crisis de escasez y contribuye al incremento del gasto de bolsillo de los mexicanos en salud.

Por ideas como la “megafarmacia”, dijeron, el gasto de bolsillo de los mexicanos en salud está incrementado, situándose en 38.8 por ciento del gasto total en salud.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022 del Inegi, analizados por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), un hogar afiliado al IMSS gasta un promedio de 5 mil 350 pesos al año en gastos privados, para adquirir los medicamentos que el sector público no le otorga.

El propio gobierno ha reconocido que se dejaron de surtir 45 millones de recetas en estos años. Por ello, se propone lo siguiente:

Las instituciones públicas de salud estarán obligadas a reembolsar a los derechohabientes, beneficiarios y población sin seguridad social los gastos en que incurran con motivo de la omisión de servicios y/o de la entrega de insumos para la salud a que tienen derecho a fin de que puedan ejercer su derecho humano a la atención médica ante la institución médica prestadora de los servicios de salud correspondiente.

Será procedente el derecho al reembolso de los gastos que hayan tenido que realizar los derechohabientes, beneficiarios y población sin seguridad social para la atención médica preventiva, curativa, rehabilitatoria y paliativa que satisfagan sus necesidades de salud cuando:

I. Hayan recurrido a servicios privados o sociales de salud por el incumplimiento a que está obligada la institución pública de salud de que se trate;

II. Los insumos para la salud estén contenidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, y

III. Los medicamentos, los dispositivos médicos, los requerimientos médicos y clínicos, y demás insumos para la salud hayan sido prescritos o indicados por profesionales de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud.

Se afirma que en un plazo máximo de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto los prestadores de los servicios de salud, establecerán los procedimientos necesarios para el cabal cumplimiento del mismo.

Las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud financiarán los reembolsos a que refiere este Decreto con los recursos que anualmente se les asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Foto: especial

gse