El diputado Anuar Roberto Azar Figueroa (PAN) impulsa una iniciativa que adiciona el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que “la o las comisiones que las entidades financieras cobren al proveedor del servicio por el uso de terminales punto de venta o dispositivos electrónicos que permitan cobros con tarjeta bancaria no puedan ser trasladadas al cliente”.

La iniciativa, remitida a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para dictamen, también busca que los precios exhibidos no puedan ser modificados ni condicionados en función del medio de pago utilizado.

Expone que el uso de tarjetas bancarias, departamentales y de trasferencias bancarias ha aumentado en los últimos años, y en el país un porcentaje importante cuenta con estos instrumentos bancarios.

Añade que el aumento en ventas para los establecimientos es significativo si cuentan con terminales punto de venta; sin embargo, en los últimos años, se ha presentado una práctica abusiva por el uso de estos instrumentos financieros, llamado cobro “extra” o comisión por el pago con tarjeta bancaria en comercios tanto físicos como electrónicos.

Azar Figueroa precisa que actualmente, no hay una ley clara o norma que prohíba que los comercios cobren un “extra” o transfieran la comisión que pagan por el uso de las “terminales punto de venta” que las instituciones financieras les cobran por el uso de sus productos financieros, por lo que la transfieren a los clientes.

Indica que si bien, los contratos que estos firman con los bancos sí establecen que la comisión no puede ser transferida al tarjetahabiente, por lo que, “con total impunidad, lo realizan, justificándose en consultar previamente al cliente si está de acuerdo con dicho cobro. La comisión que el banco acuerda con el proveedor por el uso de sus terminales o el uso de los medios de pago que el banco pone al alcance, abusivamente son transferidas al comprador”.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ese cargo incumple con lo que los comercios pactan con las instituciones bancarias, ya que en los contratos para el uso de terminales punto de venta se señala claramente que el pago de este servicio no debe repercutir en el costo de los bienes y servicios que promueven los comercios con su clientela.

El legislador añade que muchas personas han sido advertidas directamente en el comercio que si realizan el pago con tarjeta bancaria le cobrarán una comisión que puede ir del 3 hasta el 6 por ciento extra; desafortunadamente, estas prácticas cada día van tomando mayor relevancia, ante una política comercial incorrecta, ya que, en lugar de fomentar las ventas, ahuyenta a los clientes.

Además, la Procuraduría Federal del Consumidor ha señalado y advertido que esta práctica es indebida, pero existe una falta de regulación clara que le brinde al consumidor las herramientas necesarias para presentar una queja ante las instancias correspondientes. “Una práctica que, lamentablemente se ha convertido en ley, por lo que, es necesario y urgente legislar en la materia”.

Un análisis de Condusef revela que, en 2022, el gasto total realizado con tarjetas, tanto de crédito como de débito, ascendió a más de 3.85 billones de pesos, lo que representó un incremento de 20.6 por ciento respecto al 2021, cuando el monto total fue de 3.19 billones.

A manera de ejemplo, si tan sólo el 2 por ciento de las operaciones diarias fuesen condicionadas por comerciantes abusivos al cobro de esa “comisión” o “recargo” por uso de una tarjeta, se estaría ante un escenario en el que se afectan los intereses económicos de alrededor de 73 mil usuarios hasta por un importe de más de dos millones 261 mil pesos al día.

De ahí que es necesario y urgente tener una ley que brinde certeza a los consumidores, sin permitir prácticas desleales que impacten directamente en el cliente.

Foto: archivo m

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