El diputado Emmanuel Reyes Carmona (Morena) propuso reformar la Ley General de Salud, en materia de vacunación en situación de emergencia, para establecer que “toda persona residente en el territorio nacional tiene derecho a adquirir y administrarse las vacunas de su preferencia, siempre y cuando cumplan con los requisitos sanitarios y estén indicadas por un profesional de la salud”.

Las modificaciones a los artículos 157 Bis I y 157 Bis II de dicho ordenamiento añaden que lo anterior “podrá limitarse en situaciones de emergencia, pero deberá estar plenamente justificado y no podrá extenderse esta limitación por un tiempo mayor al de la emergencia”.

Señala que, en casos de contingencia, los procedimientos de autorización, importación y liberación de vacunas deben ser atendidos de forma inmediata, “por lo que la autoridad sanitaria deberá otorgar los registros sanitarios en los plazos que lo demande la salud pública, procurando facilitar la liberalización de las vacunas.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Salud para dictamen, agrega que el uso de emergencia de vacunas, medicamentos y otros insumos para la salud no puede extenderse en automático al finalizar la emergencia sanitaria; por ello, la autoridad sanitaria deberá analizar cada caso y determinar inmediatamente si procede el otorgamiento del registro sanitario.

Indica que, en situaciones de urgencia causada por enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria y el Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA) emitirán las medidas para la vacunación, incluyendo los grupos de edad y poblaciones prioritarias, la actualización de las vacunas contra nuevas cepas del virus, la logística para su aplicación en el territorio nacional y los criterios para su liberalización al mercado.

El legislador afirma que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las vacunas han sido consideradas fundamentales para el autocuidado y la prevención de enfermedades y muertes. Sin embargo, pese a la importancia estratégica de estos productos, en México su autorización hasta el momento ha permanecido exclusivamente para uso de emergencia.

Sostiene que el control gubernamental en la adquisición, distribución y administración de vacunas, como ocurrió con la pandemia de Covid-19, ha limitado el acceso de la población a estos recursos terapéuticos. “Hoy, un segmento considerable de la población vulnerable se encuentra sin acceso a los medicamentos necesarios, incrementando el riesgo de que desarrollen cuadros graves de la enfermedad”.

Además, la regulación vigente no se ha actualizado para incorporar las nuevas versiones de las vacunas diseñadas específicamente para combatir las nuevas variantes de Covid-19, generando desafíos adicionales.

Ante este escenario, diversos actores, entre los que se incluyen los gobiernos estatales, el sector privado y amplios sectores de la sociedad, han manifestado su interés en poner fin a este monopolio federal en la adquisición y distribución de las vacunas y medicamentos contra el Covid-19.

El objetivo es lograr un acceso más amplio y libre a estos productos, lo que podría ser esencial para acelerar la vacunación y controlar la propagación de la enfermedad de manera más efectiva. La disponibilidad de medicamentos puede reducir la presión sobre los sistemas de atención médica y mejorar las tasas de recuperación.

Concluye que una reforma de la ley para la vacunación efectiva en tiempos de emergencias sanitarias, es necesaria para fortalecer la respuesta a la pandemia de Covid-19, proteger la salud pública, adaptarse a las circunstancias cambiantes, empoderar a las personas en la toma de decisiones sobre su salud, garantizar el acceso a tratamientos efectivos y promover la colaboración global en la lucha contra la enfermedad.

Foto: archivo m

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