Claudia Sheinbaum, con el deseo de emular a AMLO y así ganar las voluntades de los votantes, ha asegurado reiteradamente que el plan C tendría lugar bajo su gestión. Es decir, se ha pronunciado a favor de que Morena, una vez habiendo ganado la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, promovería una reforma constitucional que estableciese que los ministros de la Suprema Corte fueran designados mediante elección popular.

Ello significaría que mediante un procedimiento legal los ciudadanos, sea a través de listas o de encuestas o de cualquier otra ocurrencia, serían los responsables de elegir a los miembros del máximo tribunal jurisdiccional del país.

A reserva de que Morena gane las dos terceras parte del Congreso, resultado que se antoja difícil dado el altísimo grado de polarización que sacude al país, los legisladores asestarían un golpe radical contra el Poder Judicial; en el intento del partido oficial de domeñar a la Corte y de convertirse en el partido de Estado a la vieja usanza priista.

La selección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia mediante elección popular levante cuestionamientos por donde se le mire. En primer lugar, pervertiría en su esencia el principio mismo de la división de poderes, donde el Poder Judicial es el responsable de garantizar el respeto de la legalidad constitucional.

A diferencia del Ejecutivo y de Legislativo, el Judicial debe – si bien no se cumple en los hechos en algunas democracias- permanecer por encima de la política. Es decir, por ningún motivo los miembros de la Corte deben estar vulnerables a los vientos de la política, y mismo, ante la opinión pública y las encuestas de opinión.

Sobre este punto sí que vale insistir. Los ministros de la Corte deben prestar oídos sordos a la opinión pública y a lo que se percibe como los pensamientos o deseos generalizados de los ciudadanos. Por el contrario, el deber del Poder Judicial y de cada uno de los ministros en solitario es ceñirse a la interpretación de la letra constitucional, y en base a ello, dictar una opinión o un veredicto.

Como un segundo punto, la elección popular de los ministros provocaría que estos entrasen en la arena política y saliesen a hacer campaña. En otras palabras, los futuros jueces serían hombres y mujeres políticos, por lo que estarían sujetos a los intereses privados de algunos poderosos, mismos que buscarían apoyarles en sus campañas, y una vez instalados en la Corte, los jueces serían vulnerables ante el poder de los cabildeos de estos empresarios.

Y como tercer punto, el método de elección de los ministros quedaría expuesto a lo que los legisladores morenistas decidiesen. Seguramente recurrirían a estratagemas legaloides donde sería ellos mismos – los legisladores- quienes escogerían entre sus filas a los que integrarían las “listas” que serían presentadas a la ciudadanía.

En suma, la propuesta de reforma al Poder Judicial impulsada por AMLO y apoyada por Sheinbaum es un despropósito mayúsculo, pues conllevaría un golpe fatal hacia la independencia del la Corte, y con ello, una amenaza mortal contra la división de poderes y para el edificio democrático.

Columna de José Miguel Calderón en SDP Noticias

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