El diputado federal de Morena, Alejandro Robles, busca la inhabilitación de la senadora panista Xóchitl Gálvez para ocupar cargos públicos por un periodo de 20 años.

El legislador la acusa de ocultar información en sus declaraciones patrimoniales a fin de que no se detecte un probable enriquecimiento ilícito cuando fue alcaldesa en la delegación Miguel Hidalgo.

Señaló que en su primera declaración patrimonial realizada en 2002, Xóchitl Gálvez reportó cantidades que son irrisorias, comparadas con los montos obtenidos de 2015 a la fecha.

“Los montos declarados con diez años como empresaria son muy distantes a los existentes a partir de 2015 a la fecha. Periodo en el que se documentan más de mil 500 millones de pesos”, dijo.

En conferencia de prensa, informó que presentó ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y la Contraloría interna del Senado de la República una denuncia por presuntas faltas administrativas como servidora pública.

Recordó que ya había presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia formal contra la senadora por presunto enriquecimiento al amparo del poder público; sin embargo, en esta ocasión las denuncias presentadas son de naturaleza administrativa.

“Cuando hice la denuncia ante la fiscalía por posibles comportamientos constitutivos de delito, se apreciaba el incremento en su peculio desmedido a partir de que Xóchitl Gálvez fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo. Entonces he integrado una denuncia de carácter administrativo y se presentó el día de hoy”.

Explicó que estas denuncias van por cuenta separada a la interpuesta ante la FGR, ya que se abordan el probable aprovechamiento de su posición como senadora y, en su momento, como alcaldesa para fines personales.

Abundó que las investigaciones de las contralorías, tanto de la Ciudad de México como del Senado la República, “bien pueden servir para darle mayor soporte a la investigación que hay en la Fiscalía.

“Estamos también solicitando la acumulación, porque vimos que había tres denuncias que tienen relación: la de un servidor, la de Víctor Romo y la de Gilberto Lozano. Entonces ya pedimos al fiscal de la República la acumulación de las denuncias en el ámbito de la federación en materia penal”, apuntó.

El diputado aclaró que la denuncia de carácter penal por presunto lavado de dinero y blanqueamiento de capitales que ya se encuentra en la FGR no es en razón de su función como servidora pública; sin embargo, “faltaba este tema administrativo, cuya investigación se lleva a cabo por cuenta separada y su fuero no impide que sea sancionada”.

Foto: especial

gse