La Consejería Jurídica de Presidencia calificó como ‘ilegítimo’ el reclamo de la senadora Xóchitl Gálvez y otros legisladores panistas contra la ley sobre el control de precursores químicos, en especial del fentanilo.

A través de un comunicado expuso que reclaman una supuesta violación al procedimiento legislativo con motivo del cambio de sede, pero señaló que fue su protesta lo que obligó al pleno parlamentario a sesionar en un inmueble alterno del propio Senado de la República.

“Es público y notorio que los legisladores de oposición, fieles a lo anunciado desde el 9 de junio de 2022, en que se comprometieron a impedir la aprobación de cualquier reforma a la Constitución o leyes promovidas por la mayoría legislativa o por el Ejecutivo federal, en lugar de participar en el debate parlamentario, trataron de obstaculizar el desarrollo normal de las sesiones programadas los días 27 y 28 de abril del año en curso en la Cámara Alta. Basta observar las grabaciones de dichas sesiones, videos que obran en fuente pública y la confesión expresa de la senadora Xóchitl Gálvez, para acreditar que su objetivo era impedir el debate parlamentario que, ahora alegan, no pudieron ejercer”.

Al comunicado lo acompañaron con una fotografía donde se observa a Gálvez, Gustavo Madero y Emilio Álvarez Icaza mientras están acostados en el suelo a manera de guardia en el recinto legislativo.

“Es evidente que las conductas desplegadas por la minoría legislativa, como la senadora Xóchitl Gálvez y otros, tuvieron como objetivo impedir la discusión y votación de los asuntos incluidos en el orden del día: prefirieron organizar bailes, pijamadas y encadenarse a la silla de una mesa, en vez de debatir los proyectos de leyes materia de la sesión”.

Señaló que es principio de derecho que nadie puede beneficiarse de su propia conducta indebida o torpe; por ende, si fueron precisamente los senadores actores quienes trataron de obstaculizar el debate parlamentario, ahora no pueden alegar que se les impidió participar en la discusión y votación de la reforma cuestionada.

Por otra parte, dijo que la minoría legislativa reconoce tácitamente la constitucionalidad de la reforma impugnada, ya que en su demanda presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no hacen valer concepto de invalidez alguno en contra de los preceptos modificados.

“Debe tomarse en cuenta que, declarar la invalidez de la reforma en materia de control de sustancias como el fentanilo implicaría un grave daño a los derechos fundamentales de las personas en materia de seguridad y salud pública, así como incumplimiento a los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de combate al tráfico ilegal de este tipo de sustancias”.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal espera que la SCJN actúe imparcialmente y tome en cuenta las “conductas antidemocráticas” de los legisladores actores para impedir la discusión y aprobación de la minuta que la mayoría del Senado de la República avaló de “forma legítima” y, en consecuencia, debe reconocer la validez del decreto impugnado.

Foto: Especial

gse