Las diputadas Ana Lilia Herrera Anzaldo y Blanca Alcalá Ruiz, ambas del PRI, señalaron la importancia de que, a la brevedad, todos los congresos locales avalen la “ley 3 de 3 contra la violencia”, a fin de que la Comisión Permanente dé la declaratoria de constitucionalidad antes del plazo estipulado para hacerlo que se cumple el 31 de mayo, y así garantizar que sea efectiva en el proceso electoral de 2024.

Lo anterior, en declaraciones a representantes de medios de comunicación, luego de una reunión de diputadas de distintos grupos parlamentarios y colectivos feministas con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda.

“Estuvimos con el presidente de la Cámara de Diputados para pedir el respaldo de la Comisión Permanente a fin de que en la próxima sesión se haga la declaratoria de constitucional de la ‘3 de 3 contra la violencia”, detalló la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo.

Explicó que la prisa por declarar la constitucionalidad de esta reforma es para que sea efectiva en las elecciones del 2024, año en el que se renuevan un gran número de cargos, con la intención de que las y los nuevos servidores públicos que lleguen, “sean los mejores, los que tengan un compromiso en lo privado, para que puedan hacerlo público contra la violencia hacia las mujeres”.

Expuso que con esta propuesta no sólo se busca saldar la deuda histórica con las mujeres, sino también la de sus hijos e hijas. “Ocho de cada 10 hijos de padres y madres separados no reciben una pensión alimentaria. Se les está privando de una presencia física, pero también del sustento económico”.

“Sí hay prisa, porque para que pueda decretarse por parte del Ejecutivo tiene que hacerse a más tardar el primero de junio, a fin de que entre en vigor para el próximo proceso electoral, y quienes aspiren a un cargo de elección popular no sean agresores de mujeres, acosadores sexuales, violadores o deudores de pensión alimentaria”, abundó.

Por su parte, la diputada Blanca Alcalá Ruiz sostuvo que le dará puntual seguimiento a la declaratoria de constitucionalidad y, posteriormente a su publicación; no obstante, se cuenta con el respaldo y disposición de los presidentes de ambas Cámaras del Congreso para que se concrete.

Recordó que el propósito de esta reforma es determinar con exactitud en la Constitución que ninguna o ningún agresor, violador o deudor alimentario, acceda a un encargo en el ejercicio público, “ni en cargos de elección popular, por supuesto, en la administración pública de los tres niveles de gobierno”.

Foto: especial

gse