Las diputadas Blanca Alcalá Ruíz, María de Jesús Aguirre Maldonado y el diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del PRI, presentaron una iniciativa que busca eliminar la limitante de recursos destinados a la seguridad y a la salud para los municipios.

En un comunicado, las y el legislador explicaron que la Ley de Disciplina Financiera establece una limitación en el gasto para la contratación de personal dedicado a la seguridad pública y al servicio médico, con un máximo de tres por ciento en comparación con el ejercicio fiscal anterior, en las entidades federativas y municipios.

En ese sentido, externaron que es evidente la urgencia de fortalecer la coordinación, así como la asignación de recursos suficientes, etiquetados y debidamente evaluados, que permitan crear las condiciones para que las policías municipales tengan un papel más decisivo en la reducción de la violencia e incidencia delictiva.

También proponen que no sean aplicables los límites dispuestos en la fracción I del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a las asignaciones destinadas a servicios personales asociados a personal médico, paramédico, de seguridad pública y afines, pero en ningún caso, la excepción deberá considerar personal administrativo.

Además, en otra adición, plantean que los municipios sustenten y justifiquen las asignaciones en las funciones antes descritas, en términos de las Leyes, de Coordinación Fiscal y General de Contabilidad Gubernamental.

Matizaron que esta excepción para atender estos problemas requiere de esfuerzos presupuestales.

En el caso del personal médico, apuntaron, es necesario tener presente que el país está saliendo de una emergencia por el Covid-19, y en el ámbito de seguridad, las cifras dan cuenta de una grave crisis.

Agregaron que también hay deficiencias en materia de infraestructura y atención de salud pública en los estados, y es urgente mejorar las condiciones en que se ofrecen los servicios médicos a la población mexicana.

Alcalá Ruíz, Aguirre Maldonado y Yunes Zorrilla indicaron que a esta problemática se suma el abandono financiero, tras cumplirse dos años de la desaparición del Programa de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg), mientras la Secretaría de Gobernación informó que hay 217 municipios sin policías locales, principalmente en estados con elevados niveles de inseguridad y grupos de la delincuencia organizada.

Foto: archivo m

gse