La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que ya procedió penalmente en contra de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por la muerte de 40 migrantes en una estación de Ciudad Juárez y lesiones a 25 más.

A través de un comunicado, expuso que también abrió un proceso contra un directivo del INM, Antonio “N”, por incurrir en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos en contra de los migrantes.

Por los hechos registrados la noche del 27 de marzo, ya se ejecutaron órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en contra de 5 personas; 3 de las cuales son servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM); una que es personal de la empresa de seguridad privada que ahí operaba; y un migrante que inició el fuego; todas ellas ya están en prisión.

“Con las pruebas ahí obtenidas, se ha logrado continuar la investigación para determinar las responsabilidades penales de toda la estructura vinculada con esos delitos, tanto dentro del INM, como de la empresa de seguridad privada ya referida”, se expuso.

La FGR detalló que ha investigado dos líneas paralelas de información; la primera, dentro del INM y la segunda en el ámbito de la empresa de seguridad privada.

Abundan antecedentes

En la investigación de antecedentes, la FGR encontró que, el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados.

“Lo cual generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.

Asimismo los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, “con toda claridad”, que las faltas y omisiones en el INM se siguen cometiendo; e indican “un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”.

Asimismo, se ha procedido penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.

Por lo que toca a la empresa de seguridad privada y al propio INM, ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios, señaló la FGR.

También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados.

“Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos”.

Foto: INM

gse