El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, urgió a la Guardia Nacional y a los gobiernos de San Luis Potosí y Nuevo León, así como a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a garantizar el tránsito seguro en la carretera 57, tramo San Luis Potosí-Nuevo León.

Por medio de un comunicado, aseguró que la inseguridad en el área es evidente, muchos son los reportes de actos delictivos. Las víctimas son conductores de trailers, migrantes, empresarios y turistas. 

“La desaparición de personas en los últimos días es un episodio más de una larga lista de crímenes cometidos por la delincuencia organizada. Urge recobrar la seguridad y construir la paz”, apuntó el legislador.

Manifestó que el crimen organizado se ha adueñado de esa zona y, desde poblaciones cercanas, sale para secuestrar a personas en la carretera y caminos vecinales. 

“Habitantes de la zona han dicho que las víctimas, en muchas ocasiones, son seleccionadas cuando se detienen a surtir gasolina o cuando paran en Matehuala para comer.

"El objetivo de los delincuentes son grupos de viajeros que ellos presumen, pueden ser migrantes. También buscan empresarios de la región o trailers con mercancía valiosa”, señaló el líder congresista. 

Mencionó que es importante que los gobiernos de San Luis Potosí y Nuevo León instrumenten operativos en toda la región, que se coloquen retenes, se instrumenten rondines de vigilancia y se realicen desarmes.

Para capturar a los delincuentes son necesarias labores de inteligencia y limpiar las policías municipales y estatales de la zona, agregó.

Destacó que la carretera 57 es la vía que lleva de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, por lo que es ruta de migrantes y productos.

“El peligro en esa carretera debe preocuparnos a todos”, aseveró.

Añadió que en varios estados se ha suspendido de hecho el tráfico nocturno de vehículos. El crimen organizado coloca retenes y amedrenta a los conductores. Hay casos donde se cobra “derecho de tránsito” o se regula el trasporte de mercancías. 

“La paz es posible, siempre y cuando las y los gobernadores asuman su responsabilidad. No son válidos los pretextos”, apuntó.

Foto: archivo m

gse