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Impugna Alcántara sanción del TEPJF por violentar a Érika Vega

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Si la impugnación no procede, será inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género

Puebla, Pue.- El diputado local panista Eduardo Alcántara Montiel interpuso un recurso contra la resolución que emitió en su contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por hostigamiento y acoso sexual en agravio de Érika de la Vega Gutiérrez.

La impugnación quedó registrada ante la Sala Superior con el número de expediente SUP-REC-90/2023 y fue turnada al magistrado José Luis Vargas Valdez.

Cabe recordar que la Sala Regional Ciudad de México revocó a su vez un acuerdo del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que había exonerado al diputado local de presuntas agresiones contra Érika de la Vega Gutiérrez, quien fue candidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula.

Si la impugnación se declara improcedente, Alcántara Montiel quedaría inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, lo que a su vez le impediría buscar una candidatura en 2024.

El 30 de marzo, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, por unanimidad, la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) por la que había declarado inexistente la violencia política contra las mujeres por razón de género (VPMRG) denunciada por Érika de la Vega Gutiérrez en contra del panista Eduardo Alcántara Montiel y la ex dirigente Genoveva Huerta.

Al analizar los actos denunciados en plenitud de jurisdicción, el pleno concluyó que sí existió VPMRG porque los hechos denunciados se realizaron en el marco de la participación política de la actora como simpatizante de un partido político y aspirante a una candidatura a un cargo de elección popular y tuvieron por objeto anular o restringir el ejercicio de sus derechos político-electorales al pretender condicionar su participación en el proceso interno del partido, “a través de amenazas y solicitudes de tipo sexual y económico”.

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