Una de las órdenes de captura es contra el migrante que inició el fuego. Las otras tres son contra dos agentes del INM y un guardia privado detalló Sara Irene Herrerías, fiscal en derechos humanos de la FGR.

 

Sobre los delitos por los cuales se solicitaron las capturas, no particularizó, pero indicó que la carpeta se integra por delitos como homicidio doloso, daño en propiedad ajena, abuso de autoridad y lesiones.

 

Adelantó que se seguirá trabajando en otras órdenes de aprehensión, entre quienes estarían más funcionarios y guardias.

 

La tragedia no representa a la política migratoria del gobierno federal, y servirá para mejorar el trato a los migrantes en esas instalaciones.

 

“La política migratoria del gobierno mexicano es de respeto a los derechos humanos, esa es la directriz que nosotros recibimos, estos lamentables acontecimientos no tienen que ver con esa política migratoria. Se va a hacer una revisión de estos acontecimientos para saber en estos casos y en otras estancias migratorias qué es lo que debe modificarse cambiar, mejorar”, insistió Rodríguez.

 

Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que se girarán órdenes de captura contra 4 personas, entre ellas el migrante que provocó el fuego.

 

 

Fue una tragedia, un hecho indignante, que genera impotencia y coraje, dijo y por lo que no se protegerá a ningún funcionario del gobierno federal, entre ellos al director del INM, Francisco Garduño, o de quienes sin ser funcionarios públicos laboraban en el lugar como empleados de seguridad privada.

 

 

Rodríguez enfatizó: “Queremos ser muy enfáticos, en señalar que de ninguna manera se ocultarán los hechos, ni se protegerá a nadie”.

 

Puntualizó que hay 27 personas migrantes hospitalizadas, y de ellas 14 se atienden en hospitales del IMSS; once en el hospital general de Chihuahua y dos en un hospital del ISSSTE. De los internados, 14 del IMSS y 10 del hospital general de Chihuahua, se encuentran en estado grave.

 

Reconoció que se investiga en qué condiciones operaba esa instalación y si contaba o no con medidas y protocolos de protección civil.

 

 

La funcionaria se reservó datos como quién tenía en su poder la llave que abría la reja de la celda en donde estaban encerrados los migrantes, las razones de la ‘redada’ ordenada por el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, porque, insistió en varios momentos de la rueda de prensa, se pondría en riesgo el debido proceso.

 

También dijo que a través de testimonios de los sobrevivientes, se tiene identificado a uno de los migrantes quien, presuntamente, fue quien inició el incendio y podría ser acusado de homicidio.

 

“Si hay necesidad de ceses, de hacer presentaciones ante el Ministerio Público no lo vamos a dejar de hacer, no se va a proteger a nadie. No va a haber impunidad”, advirtió.

 

En las próximas horas se solicitarán las primeras cuatro órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio, lesiones y abuso de autoridad, detalló la titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías.

 

 

Así mismo Rodriguez hizo hincapié en que por instrucción presidencial, las dependencias del gobierno deben contratar al Servicio de Protección Federal para resguardar sus instalaciones en lugar de echar mano de empresas de seguridad privada, cómo sucedió en el INM de Ciudad Juárez.

 

Jorge Vázquez Campbell, presidente de la Barra y Colegio de Abogados Defensores de Refugiados, denunció que el responsable de que no se abrieran las rejas del Centro del Instituto Nacional de Migración de México en Ciudad Juárez, que se incendió y provocó la muerte de 38 migrantes, en su mayoría guatemalteco, fue un militar.

 

“Quiero hacer una denuncia publica contra quien fue directamente el responsable del homicidio de los refugiados, se trata del contraalmirante Salvador González Guerrero, jefe inmediato de todas las instalaciones migratorias en Chihuahua.”, denunció.

 

El abogado detalló que “el día del evento le habló la representante legal, la licenciada Cecilia, diciéndole que le estaban prendiendo fuego a los colchones, que qué hacía, él ordenó vía celular que los dejaran, que no abrieran las rejas”, según los empleados de la estación migratoria.

 

Para Vázquez, la instrucción del contraalmirante Salvador González, “es una orden de ejecución que da un soldado, no es una orden que da una persona que respeta los derechos humanos. Éste es el problema de estar nombrando a militares al frente de las estaciones migratorias ya que actúan con los pies”.

 

 

Es decir, “te voy a dejar salir libre aquí en la frontera; me pagas 500 dólares y tienes 30 días para salirte del país. Este negociazo lo tienen en todo México gracias a que Gardiño encontró una forma de hacer una fortuna vendiendo las salidas extendidas a refugiados, con las que pueden cruzar todos los retenes”.

 

Señaló que en la Ciudad de México existe el problema de que dos abogados migratorios, que cuentan con listados de nombres y teléfonos de los familiares de los detenidos, les marcan a éstos para solicitarles mil dólares para soltar su familiar en 24 horas, “y efectivamente les mandan los dólares ya las 24 horas ya tienen su salida extendida”.

 

Por su parte, el padre Francisco Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté mal informado y por ello culpara a los migrantes de la tragedia ocurrida en una estancia provisional de Ciudad Juárez, donde murieron 38 personas migrantes.

 

“Es curioso que el Presidente de la República haya dicho que los migrantes encendieron los colchones para que al ver lumbre o humo los dejaran libres y es curioso que después salga el video, donde se ve claramente el personal. ¡Qué triste que el presidente esté mal informado, que triste!. Volvemos otra vez a que el migrante es el culpable de todo lo que está pasando. Falta que al rato digan que los que tratamos para atender a los migrantes somos culpables de la crisis, caos o muerte de los migrantes”, señaló.

 

Por xu parte, el gobierno de Ciudad Juárez y el gobierno federal se enfrascaron en un deslinde de responsabilidades por la muerte de 39 personas.

 

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, acusó al delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera, de organizar una campaña para culparlo del incendio.

 

“Si el delegado del Bienestar se hubiera puesto a trabajar en lugar de estar criticando al gobierno municipal, quizás esta tragedia se hubiera evitado”, aseguró.

 

Comentó que las funciones de Loera de la Rosa pudieron extenderse para revisar las condiciones en las que se encontraba la estancia migratoria y la inseguridad que privaba en ella, ya que evidentemente no tenía las medidas de Protección Civil.

 

Según el alcalde, la ley exime a las instalaciones estatales y federales sean revisadas por el gobierno municipal.

 

Después de siete horas de debate, los senadores de Morena impidieron que el pleno citara a los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que explicaran todo lo relacionado con la tragedia ocurrida en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 39 migrantes.

 

“No hay la posibilidad de que llamemos a comparecer a nadie. Para eso somos gobierno”, dijo la morenista Martha Lucía Micher Camarena, quien también es parte de las promotoras de la candidatura presidencial de Marcelo Ebrard.

 

Molesto, el panista Damián Zepeda expresó que “me da vergüenza” el pleno del Senado, porque no es posible que el oficialismo anteponga sus intereses políticos a la indignación nacional e internacional que ha provocado esta tragedia, que implica la muerte de personas extranjeras que estaban bajo la custodia del Estado mexicano.

 

El morenista Ovidio Peralta expresó que “el senador que antecedió menciona que le da vergüenza; al contrario, nosotros nos sentimos muy orgullosos en el grupo parlamentario de Morena, porque no vamos a permiir que su carroñería política a la que están acostumbrados sea utilizada en el Senado de la República; para eso se está haciendo el punto de acuerdo y se están realizando las investigaciones”.

 

Después de rechazar la comparecencia y aprobar solamente la comparecencia de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), la senadora morenista Margarita Valdés, informó que un grupo de senadores de Morena quería que el Senado solicite la destitución inmediata de Garduño y, si comparece en el Senado, que lo haga ya sin la calidad de titular de Inmigración.

 

El debate del pleno se tensó en cuatro ocasiones, incluso se generaron encontronazos verbales con el presidente del Senado, Alejandro Armenta; primero con Emilio Ávarez Icaza y después con Lilly Téllez; ambos le dijeron que no tiene atribuciones para interrumpirlos y para reconvenirlos.

 

Visiblemente molesto, Álvarez Icaza expresó que “se les informó y se les avisó lo que estaba pasando con los venezolanos, con los haitianos, con los nicaragüenses en esta tribuna. Sistemáticamente se ha dejado pasar, se violan los derechos, se separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura, eso es un crimen de Estado, ¡carajo! Qué tiene que pasar para que cambien la política”.

 

Foto: INFOSON.COM.MX

LSM