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Perú: Boluarte y Castillo investigados por lavado de activos

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Están implicados en una presunta organización criminal a raíz de aportes ilegales durante la campaña electoral de 2021: la Fiscalía
Por la presunta financiación ilegal de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal a raíz de supuestas aportaciones ilegales en la campaña electoral del 2021, el Ministerio Público de Perú anunció que amplió una investigación contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, y el exmandatario Pedro Castillo.
 
La investigación contra Boluarte, Castillo y el empresario Henry Shimabukuro, es seguida por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos.
 
El empresario ha declarado ante la prensa haber financiado los viajes y actividades proselitistas de la hoy presidenta durante la campaña de 2021.
 
Castillo encabezaba la candidatura a la Presidencia de la República mientras que Boluarte aspiraba a la Vicepresidencia en esa campaña.
 
La Fiscalía precisó que estos delitos se habrían producido durante la campaña electoral del partido Perú Libre en el 2021.
 
El domingo, la presidenta Boluarte rechazó las acusaciones en su contra y reiteró que eran una "oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad, con dichos y sin pruebas".
 
Recordemos que Boluarte sucedió a Castillo en diciembre del año pasado tras ser destituido por su fallido autogolpe.
 
Shimabukuro, un asesor en la sombra del expresidente, y Eduvigis Beltrán aportaron fuertes sumas de dinero a la campaña de Boluarte para acceder a programas de ayuda con el Estado y colocar a personas cercanas en altos cargos públicos, denunció Maritza Sánchez, una profesora allegada a Castillo, en el programa Cuarto Poder.
 
"Si el señor Shimabukuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno", aseveró la presidente peruana.
 
La oposición en el Congreso ha anunciado una moción de destitución contra Boluarte, que puede ser formalizada esta semana durante el pleno, ante las acusaciones de Shimabukuro.
 
La mandataria tuvo que responder el lunes a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el Palacio de Gobierno por otro caso de presunta corrupción referido a las supuestas irregularidades en la contratación de empresas de su exasesora Grika Asayag.
 
La Fiscalía de la Nación anunció, el pasado 1 de marzo, el inicio de investigaciones preliminares por presunto tráfico de influencias contra Asayag, como parte de una investigación abierta por la supuesta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, y el presidente del sistema de seguridad social EsSalud, Aurelio Orellana.
 
Foto: ABC
lsm  (efe, El Comercio, América Televisión)

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