Previamente se realizó un análisis de las necesidades de todos los tlaxcaltecas, principalmente de la gente con mayor necesidades sentidas.

 

El resultado fueron la planeación y las estrategias de atención que priorizará la administración estatal.

 

El gobierno de Tlaxcala y 60 presidentes municipales establecieron los mecanismos e instrumentos presupuestales y administrativos para que, en un esquema de peso a peso por parte del gobierno estatal y los municipales, sumen esfuerzos y voluntades para la consolidación de las obras.

 

Se estableció que solo accederán a ese beneficio los presidentes municipales que estén de acuerdo y firmen la carta intención de obra pública la cual se convertirá en un convenio que compromete a ambos órdenes de gobierno a aportar recursos para la ejecución de obras públicas para bienestar de los tlaxcaltecas.

 

El estudio del territorio y la propuesta de la asignación de la obra están a cargo de las secretarías de Finanzas y de Infraestructura, así como de la Coordinación General de Planeación e Inversión.

 

La metodología de la planeación de proyectos de obra pública municipal a ejecutar este 2023, estuvo a cargo de Gimena Lara Pérez, coordinadora General de Planeación e Inversión, quien detalló que para ello fue creado un estudio con un análisis de los indicadores estadísticos del territorio y sus regiones.

 

Indicó que esas variables serán tomadas en cuenta para la selección de proyectos y ejecución de obras de atención prioritaria en comunidades y municipios, como son el rezago social y la marginación, y las unidades de gestión ambiental, que indican dónde deben ser rescatados espacios de conservación, protección, aprovechamiento, restauración y mitigación.

 

El estudio, aseveró, incluye también el análisis de programas de desarrollo urbano, población total, agrupaciones sociales con vulnerabilidad, migración, grado escolar, derecho a audiencia, seguridad, datos socioeconómicos, viviendas sin agua potable o drenaje, hacinamiento, hogares indígenas y pueblos originarios, entre otros.

 

De esta forma, el gobierno del Estado, hará el análisis de la factibilidad de esos expedientes y los proyectos y su justificación, por medio de la cartera de proyectos comunitarios y proyectos municipales.

 

Esto con ayuda de las secretarías correspondientes y con base en el mapa georeferenciado que poseen las solicitudes de los alcaldes y de los pobladores.

 

La cartera de proyectos fue elaborada con base en el sistema de información geográfico y estadístico integrado por las variables sociales, económicas, normativas, estadísticas y de población, y cuenta con viabilidad técnica pero a ella se sobreponen las necesidades y las condicionantes prioritarias. 

 

De igual forma se determinaron los proyectos detonadores municipales que serán sujetos a revisión.

 

David Álvarez Ochoa, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, informó que el financiamiento de esa cartera será a través del esquema de apoyo de inversión peso a peso, en donde el municipio aporta un peso y el Estado aporta otro.

 

Comunicó que si ese objetivo se cumple habría una aportación municipal de 200 millones de pesos y una cifra similar por parte del Estado, para hacer una bolsa total de 400 millones que serían aplicados en los lugares de las localidades de atención prioritaria.

 

Las y los alcaldes deberán firmar una carta intención que establece esa dinámica de aportar el 10 % de su participación del Ramo 28, que técnicamente es lo que se conoce como gasto corriente, lo que fortalecería el esquema de inversión en obra pública con recursos de libre disposición no etiquetados, destinados a abatir el rezago en obra pública de cada uno de sus municipios.

 

En su participación Alfonso Sánchez García, secretario de Infraestructura, informó que para la ejecución de la obra el municipio debe contar con las escrituras del sitio, con planos topográficos, mecánicas de suelos y con el proyecto ejecutivo que sin excusa debe estar completo.

 

Aseveró que en el caso de calles o carreteras los alcaldes deben exhibir los expedientes técnicos o la ficha técnica, contar el presupuesto y que deben comunicar si pudiera haber algún tipo de afectación a los vecinos de ese tramo, además de que las vialidades deben contar con electrificación y deben dar el apoyo con los trámites y permisos.

 

El estudio del territorio y la propuesta de la asignación de la obra están a cargo de las secretarías de Finanzas y de Infraestructura, así como de la Coordinación General de Planeación e Inversión.

 

Foto:Archivo-e

LSM