Córdova defendió nuevamente la honestidad de Jacobo Molina, quien había sido cesado con la entrada en vigor de esta reforma electoral.

 

 

“Con ello, estos cambios legales, arbitrarios, antidemocráticos e inconstitucionales del Plan B sufrieron su primer revés jurídico, el primero, estoy seguro, de muchos que vendrán en la batalla por reinstaurar el orden democrático y constitucional en nuestro país”, enfatizó.

 

Con la entrada en vigor de todo el Plan B, “también entró en su fase decisiva la batalla jurídica para defender ante los tribunales de la República nuestra democracia y el orden constitucional que esas reformas legales violan abiertamente”, aseveró Lorenzo Córdova.

 

La autonomía e independencia de las autoridades electorales, el Servicio Profesional Electoral Nacional, la estructura permanente del INE en todo el país, la integridad de nuestro padrón electoral y las condiciones de equidad en la competencia, que impiden que los gobiernos y los funcionarios públicos intervengan en las campañas electorales, los cinco pilares de nuestro sistema electoral democrático que la reforma electoral de AMLO vulnera, aseguró.

 

“Todos ellos son principios establecidos y protegidos por la Constitución y estos han sido vulnerados por el conjunto de reformas electorales que la mayoría oficialista de las cámaras del Congreso de la Unión impuso sin respetar las reglas básicas del proceso legislativo”, denunció.

 

El INE interpuso una segunda demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado jueves 9 de marzo, “con lo cual el instituto no sólo defiende su autonomía, sino el estado democrático de derecho establecido en la Carta Magna, en contra de la constelación de violaciones constitucionales que cerca de 200 artículos de estas leyes implican a 26 disposiciones de la Constitución”.

 

Los ejes de esa controversia son cuatro dijo: Primero, la violación al debido proceso legislativo cometidas por la Cámara de Diputados y por el Senado en la aprobación de esta reforma; segundo, la vulneración de la autonomía y de la independencia del INE por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo; tercero, la vulneración de las condiciones de la equidad en la competencia política, “que nos ha permitido hasta ahora tener elecciones libres y auténticas”; y cuarto, la grave afectación de los derechos laborales del personal del INE, tanto del Servicio Profesional Electoral como de la rama administrativa que esta reforma supone.

 

Foto: Infobae

LSM