Con el objetivo de incrementar los esfuerzos en materia de seguridad e impartición de justicia en México ante la incidencia delictiva en materia de violación, violencia en razón de género y corrupción de menores, la diputada federal Laura Imelda Pérez Segura (Morena) presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de pérdida de beneficios preliberacionales.

A través de un comunicado, la parlamentaria informó que “en el 2022 se registraron 5 mil 525 casos de presuntos delitos de violencia de género en todas sus modalidades.

“En cuanto al de violación, tanto simple como equiparada, se tienen 23 mil 102 presuntos casos; mientras que la cifra por el delito de corrupción de menores es de 2 mil 949 casos.

“De ahí la importancia de adicionarlos al catálogo actual de delitos excluidos de los beneficios preliberacionales, para que se inhiba la comisión de tales conductas y para que, en razón de la gravedad de estos ilícitos, se garantice el cumplimiento íntegro de la sentencia previamente establecida por la o el juzgador”.

Se propone realizar modificaciones a cuatro artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal; específicamente 137 y 141 para establecer que sentenciados por dichos delitos no gozarán de libertad condicionada ni de libertad anticipada, respectivamente; en el 144 se plantea que no procederá la sustitución de pena y en el 146 que no podrá cambiarse una pena, establecida por una sentencia judicial, por una pena menor.

“Esta iniciativa nace de la urgente necesidad de garantizar el acceso a la justicia, de que quienes cometan estos graves delitos paguen por ello y de que los casos no sigan incrementando”, explicó la representante federal del Distrito 16 de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Es importante señalar que actualmente los delitos que quedan excluidos de los beneficios preliberacionales son la delincuencia organizada, el secuestro y la trata de personas; sin embargo, ello no significa que sean los únicos que representen mayor gravedad y severidad jurídica.

“Estas modificaciones son totalmente viables, porque la violencia de género, la violación y la corrupción de menores son graves transgresiones de los Derechos Humanos de las personas, no sólo de las víctimas, sino también de sus familias y, por consecuencia, de la sociedad mexicana en general. Por ello vamos a defender e impulsar esta iniciativa, para que estos delitos también sean considerados como conductas de mayor impacto y perjuicio en nuestro país”, puntualizó.

Foto: archivo m

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