Un nuevo escándalo ha sacudido a Morena y a la clase política. Ahora se trata de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. La morenista, quien se distinguió en su momento en la Cámara de Senadores por su lenguaje florido poco digno de una senadora de la República, se ha visto envuelta en una polémica que gira en torno a un video en el cual tres personajes cercanos, a saber, Raúl Pozos Lanz, secretario de Educación de Campeche, Armando Toledo, jefe de la Oficina de la gobernadora, y la senadora Rocío Abreu, reciben dinero en efectivo de manos de otro individuo desconocido.

La gobernadora Sansores, en un acto de defensa contra una evidencia indiscutible, aseguró que se trataba de un montaje orquestado por Televisa. Con ello, la honestidad de la clase política de la 4T, la cantada honestidad y el desgastado discurso de “nosotros no somos iguales” ha quedado nuevamente en entredicho. AMLO, acto seguido, defendió la integridad de los miembros de su partido, a la vez que aludió a su supuesta honestidad personal con aquella cantaleta de “podrán decirme peje, pero no lagarto”.

Este videoescándalo se ha sumado ahora a la larga lista de proyecciones protagonizadas por conspicuos miembros de distintos partidos políticos, desde René Bejarano hasta Pío López Obrador.

Según ha trascendido, estos tres funcionarios habrían recibido dinero para el financiamiento de la campaña de Sansores, en un prístino caso (si efectivamente se comprueba que la malversación de fondos estuvo dirigido a la causa de Sansores) de corrupción política e ilegalidad en el manejo de recursos públicos. Y en todo caso, si el dinero entregado provenía de fuentes privadas, debió ser reportado ante el INE y las autoridades electorales.

Lo que ha quedado bien es claro que Morena y sus operadores sí son iguales al resto de los partidos políticos. Lejos del imaginario ha quedado aquel discurso lopezobradorista que busca hacer creer a los mexicanos que el hecho mismo de formar parte del Movimiento de Regeneración Nacional conllevaba una bendición que perdonaba los pecados y limpiaba de toda corrupción moral.

Por otro lado, también es verdad que la corrupción y el manejo ilegal de recursos públicos y privados no son exclusivos de un partido político. Por el contrario, se trata de una forma acostumbrada de operación de toda la clase política que menoscaba los más importantes principios legales y democráticos.

Mientras ello ocurre, AMLO, Morena y sus aliados persiguen una iniciativa que busca debilitar al organismo autónomo responsable de verificar las operaciones de los partidos y de sancionar a aquellos que violen la ley y que incurran en actos que atenten contra el marco jurídico y los lineamientos de igualdad en los comicios. Es una pena para el legado de AMLO y para el futuro del país. El INE se reduce, pero la corrupción y la ilegalidad permanecen.

Columna de José Miguel Calderón en SDP Noticias

Foto SDP

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