La noticia sobre la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú sacudió a la prensa internacional. Primero, el ex jefe de Estado peruano debía enfrentar un juicio político ante el Legislativo debido -así fue argumentado por los partidos de oposición- a una incapacidad moral para gobernar, motivado por sospechas de corrupción del mandatario y de su círculo cercano.

Acto seguido, Castillo optó por la disolución del Congreso. Horas más tarde, sería el Congreso que, con una mayoría de 101 votos, obtuvo la destitución del presidente. A partir de este momento la cabeza del Ejecutivo recayó en Dina Boluarte, mientras Castillo era trasladado para ser entregado a la justicia acusado de buscar perpetrar un “golpe de Estado” y de sedición.

El gobierno de México, por su parte, reaccionó inmediatamente. Marcelo Ebrard, a través del twitter oficial de la SRE, anunció que se posponía la reunión la Cumbre de la Alianza del Pacífico, misma que tendría lugar el 14 de diciembre en Lima, y sobre la cual AMLO había recientemente obtenido permiso del Congreso para asistir.

AMLO no titubeó en expresar su opinión. Según escribió en su cuenta de twitter: “consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución…”

En otras palabras, AMLO, fiel a su hermano “de izquierda” latinoamericano, reprobó los actos del Congreso; frases precedidas por la confirmación del presidente mexicano del respeto del principio de no intervención en asuntos de otros Estados (sí, así de contradictorio)

En un ejercicio de especulación, y lo vale pues se trata de un país hermano con condiciones políticas, económicas y sociales relativamente semejantes… ¿el Congreso mexicano votaría mayoritariamente la destitución de un presidente acusado de corrupción y que optó por la disolución del propio Congreso? Difícilmente.

Si bien la Constitución y la jurisprudencia mexicana dejan entrever mecanismos posibles para la destitución del presidente, en realidad el embrollo jurídico apenas deja una vía para ello: la del juicio político por causas graves o traición a la patria. Derivado de esta ausencia de claridad en nuestro marco jurídico, sumado a la cultura del presidencialismo mexicano, un jefe del Estado mexicano jamás ha sido suspendido de su cargo.

En resumen, los acontecimientos caóticos que tuvieron lugar en Lima el pasado miércoles no podrían repetirse en México. Los complejos entresijos jurídicos, sumado al fortísimo sentimiento de presidencialismo mexicano, no dejan una vía clara para que la oposición en el Congreso cese de sus funciones al jefe del Estado. ¿Qué es mejor y qué ofrece mayor estabilidad política y salud democrática? Queda abierto al debate.

Columna de José Miguel Calderón en SDP Noticias

Foto AP en SDP

clh