Funcionarios trabajando con programas pirata y equipos obsoletos, que no cuenten con siquiera antivirus, que haya plataformas a punto del colapso y que estén en riesgo millones de ciudadanos y empresas cuyos datos están en los servidores de instituciones, como, son algunas de las consecuencias de dicho recorte.

 

El riesgo cibernético se materializó durante el actual sexenio con el hackeo a instituciones tan fundamentales para la seguridad y la economía del país como la Secretaría de la Defensa Nacional, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Economía, sin que hasta el momento se haya informado el monto de las pérdidas monetarias ni de datos.

 

Las cuatro instituciones tuvieron recortes presupuestales de hasta 65% en las áreas relacionadas con informática, como parte de las medidas de austeridad impuestas por AMLO al inicio de su mandato.  

 

 

El gasto específico de servicios de ciberseguridad tuvo 402 millones de pesos menos en el mismo periodo.

 

El 24 de octubre, la secretaría fue hackeada y paralizada, suspendió todos los trámites a su cargo desde esa fecha y hasta el 31 de diciembre, según informó a través del Diario Oficial de la Federación. 

 

 

En su Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), documento en el que se informan los problemas que podrían impedir el cumplimiento de objetivos y metas, se reportó:

 

 

Ese recorte en materia de informática o “ahorro” ni siquiera se compara con los recursos que mueven la industria del transporte y las cadenas de suministro para todo el país que se vieron afectadas. 

 

Solo en la frontera entre Tijuana y San Diego ocurren alrededor de 4 mil exportaciones todos los días, lo que representan más de 240 millones de dólares, mientras que en la importación se registran 8 mil operaciones al día que equivalen a más de 480 millones de dólares, de acuerdo con Israel Delgado, vicepresidente de la región noroeste de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). 

 

Para que eso ocurra, la industria necesita que sus choferes tengan documentos en regla, pero, debido al hackeo, la secretaría suspendió la “expedición y renovación de licencia federal de conductor, así como los trámites de expedición de permisos de autotransporte federal, transporte privado y sus servicios auxiliares”.

 

Todos los trámites ante la Agencia Federal de Aviación Civil, a partir del 24 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2022, justamente el periodo de auge comercial que demanda mayor transporte de mercancías. 

 

Elias Dip, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), denunció el 2 de noviembre, que la industria de transporte se encontraba aún en “crisis y caos”, según un video publicado en su cuenta de Twitter y en el que pedía a la SICT implementar medidas urgentes para resolver el problema. 

 

La secretaría organizó una primera mesa de trabajo donde se comprometió a continuar con la recepción de trámites prioritarios en los kioskos emergentes instalados, pero hasta el momento no se ha evaluado si esto evitará afectaciones en la industria y el suministro de mercancías.

 

 

Con base en el análisis del “Clasificador por objeto de gasto de la administración pública”, donde se detallan los conceptos de cada bien o servicio que la administración federal compra o contrata, la consulta de fuentes como ex oficiales mayores y actuales funcionarios encargados de las compras, y la revisión de contratos para servicios de informática, se seleccionaron nueve conceptos relacionados con las compras y contrataciones sobre bienes y servicios de tecnologías de la información. 

 

Entre ellos están la adquisición, el arrendamiento y el mantenimiento de bienes informáticos; la adquisición de software; el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas (que incluye páginas de internet); derechos de autor sobre programas de cómputo; servicios integrales de cómputo (que incluyen los especializados como ciberseguridad), así como refacciones y accesorios para equipos de cómputo y telecomunicaciones.  

 

El análisis de gasto fue hecho con base en la Cuenta Pública y el Presupuesto de Egresos, y comparado entre 2018 y 2022, para contrastar el gasto entre la administración de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, y entre 2019 y 2023, para comparar la evolución del gasto solo en la actual administración, dejando fuera del análisis 2020 y 2021, los años de pandemia que provocaron gastos atípicos. 

 

De esos nueve conceptos, en 2018 hubo un gasto de 26 mil 306 millones de pesos y para 2022 bajó a 22 mil 99 millones, es decir, 3 mil 313 millones menos, lo que representa un recorte de 12%. 

 

Empero, después de los hackeos ocurridos en esta administración, el gobierno federal dio marcha atrás en su decisión de recorte a tecnologías de la información y destinará 26 mil 570 millones de pesos para 2023, una cifra parecida al último año del sexenio anterior.