Tlatlauquitepec, Pue.- El presidente municipal de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, fue acusado por una familia de esta demarcación por los delitos de despojo y abuso de autoridad.

Los afectados aseguran que el edil ordenó la Policía Municipal y a sus funcionarios desalojarlos de su domicilio de manera arbitraria e ilegal, tras presuntamente recibir la ayuda de un juez.

A nombre de Fátima Guerrero Bonifacio y de su padre Isidro Guerrero Coba, dio a conocer a la opinión pública que su familia fue objeto de un desalojo y no fue por una orden de cateo como la autoridad municipal lo dejó entrever.

El hecho -relata la perjudicada- se registró el pasado viernes dos de diciembre cerca de 07:30 horas, todo originado por un endosamiento de pagarés por parte del señor Hugo Sánchez Loeza al edil Porfirio Loeza, quien mandó como representante a Edwin David Perdomo Cruz, persona que mostró actitud burlona y despótica.

El operativo de desalojo se llevó a cabo en el número 114 de la avenida Reforma del centro del municipio y en cuyo interior del inmueble estaba un menor de edad.

La agraviada señala que, gracias a la ayuda del juez, Armando Pérez Acevedo, que Porfirio Loeza obtuvo la orden de desalojo, acusando una serie de irregularidades en el proceso legal y denunciando que el edil de Tlatlauquitepec compró al juez para obtener el resolutivo a su favor.

“Además, de lo de mi casa, usted sabe presidente Porfirio Loeza Aguilar, está en una propiedad que está a mi nombre, Fátima Guerrero Bonifacio y le recuerdo que hace tiempo usted había dicho que esa propiedad era de don Martín Lemini que en paz descanse, y le recuerdo que no esa propiedad tiene dos escrituras y yo soy la dueña de la otra parte, ¿por eso hace esto para intimidar a mi familia?, yo hago un llamado al Gobernador del Estado, el licenciado Miguel Barbosa para que verifique las propiedades que el señor Isidro Guerrero tiene y tenemos nosotros”, sostuvo Fátima Guerrero en sus redes sociales.

Informó que con perfiles falsos en Facebook están mal informando de que fue un cateo a la par de desacreditar a la familia, por lo que hace responsable de lo que le ocurra a su familia y ella a Porfirio Loeza.

Subrayó que exige el edil 30 millones de pesos, por ello quiere que se haga justicia y que a la vez los ciudadanos se den cuenta del tipo de personas que gobierna Tlatlauquitepec y que las autoridades hagan algo, “porque ya basta de quedarnos callados y de que la gente nunca diga nada y de que todos se pongan de tapete ante el presidente, yo creo que ya es justo que alguien le pare un alto y que pare todo esto y sobre todo que dé la cara y diga la verdad”.

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