“El camino de la verdad es ancho y fácil de hallar. El único inconveniente estriba en que los hombres no lo buscan.”

CONFUCIO

El Estado de derecho atacado y violado por el presidente de la nación. La certeza jurídica otorgada —eso es en teoría— por el Poder Judicial, frenada por ‘los otros datos’ del primer mandatario. Un país sin ley, donde la SCJN no dará el ancho cuando más se le necesita.

Ante la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma impulsada por la 4T solo por cuanto a que añadió tres delitos fiscales que argumentó merecen dicha figura jurídica. Sin embargo, ante la propuesta de acotar esta medida para que ya no se realice en lo general de manera automática, esta no alcanzó los ocho votos necesarios para ser aprobada y con ello la reforma mencionada declarada inconstitucional.

Por lo pronto, el contrabando, los factureros y la defraudación fiscal ya no serán considerados como amenazas a la seguridad nacional. Ante ello, López Obrador ordenó —sí, ordenó— a la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal que contrargumenten las resoluciones de los jueces. Esto es que respondan por escrito a las órdenes de liberación con el argumento de que ellos tienen ‘otros datos’ sobre los cargos o procesos que se siguen contra los acusados y evitar así la salida de estos de la cárcel.

Si bien la SSPC tiene bajo su responsabilidad el sistema penitenciario federal y el control sobre la operación de las instalaciones carcelarias, no son ellos los que en todo caso deberían presentar argumentos a un juez. Pero obviando este error básico que demuestra que López Obrador no entiende de leyes ni procesos jurídicos, la pregunta a plantearse es: ¿por qué la parte acusadora no armó bien su caso en primer lugar?

México tiene uno de los índices más altos de delincuencia, es cierto. Pero aquella que riega sangre todos los días merece ‘abrazos, no balazos’, mientras que a la señalada por López Obrador se le cercena su derecho a la libertad y a una buena defensa.

El presidente no les puede decir a los de la SSPC que “si se trata a todas luces de un acto de corrupción, que aguanten, que envíen un contraargumento”. Si no lo hicieron en su momento, no se trata de “aguantar”. Se trata de respetar la ley, esto es, el proceso jurídico. Y como tal debe desarrollarse y llevarse a cabo. Si a López Obrador no está de acuerdo, que mande su iniciativa de ley al Congreso de la Unión. Y cuando la ley sea sancionada —que ocurrirá, no nos quepa la menor duda— podrá la SCJN iniciar el proceso de inconstitucionalidad de la misma.

En un mundo ideal (o un país ideal), los tres poderes deberían ser autónomos e imperdonable que el Ejecutivo federal trate de obligar a la SCJN a llevar a cabo sus propuestas y consideraciones. Lo que incluye la autoritaria medida de presentar denuncias ante la Judicatura contra todos los jueces que él considera (sin mediar pruebas, claro está) actúan en complicidad con al delincuencia. Para corrupción y complicidad con la delincuencia, que López Obrador mire hacia su propio gabinete y estructura ampliada de su administración federal.

En pocas palabras, las invectivas lanzadas por López Obrador contra los jueces incluyen el ordenar desacatar una orden judicial y perseguir a jueces que no se plieguen a sus designios.

Ante estas amenazas —tanto abiertas como veladas—, la SCJN dictó sentencia, pero no de forma pronta y expedita, como debería ser por ley.

Entendamos lo que acaba de suceder: al no conseguirse los ocho votos en esta materia, todo indica que la SCJN tampoco los dará para declarar inconstitucional la militarización. ¿Guardarán silencio también cuando se presente la inconstitucionalidad de la reforma a las leyes secundarias electorales?

Un aviso más de que la Suprema Corte no dará el ancho. O lo que es peor: que la SCJN pareciera apoyar a López Obrador en esta NO-separación-de-poderes. El Rey ha hablado, los demás hacen su voluntad.

Columna de Verónica Malo en SDP Noticias

Foto Corte

clh