El presidente de México dijo que su gobierno al fin había resuelto el misterio detrás de la perturbadora desaparición de 43 estudiantes, uno de los peores abusos de derechos humanos en la historia reciente del país.

En agosto, el gobierno dio a conocer el reporte de una comisión de la verdad que indicaba que, tras haber sido secuestrados en 2014, los estudiantes fueron asesinados por narcotraficantes que operaban en conjunto con la policía y el ejército. Se giraron órdenes de aprehensión.

Sin embargo, el caso se ha desbaratado desde entonces. Se desecharon órdenes de aprehensión giradas en contra de sospechosos militares clave. El fiscal principal renunció. Y ahora, la columna vertebral del nuevo y explosivo reporte del gobierno está en duda.

En una entrevista con The New York Times, el líder de la comisión de la verdad dijo que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real.

“Hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”, dijo el funcionario, Alejandro Encinas.

La extraordinaria admisión —junto con una revisión de documentos gubernamentales, una grabación inédita hasta el momento y entrevistas con personas involucradas en la indagatoria— indican cómo la prisa del gobierno por entregar respuestas resultó en una serie de tropiezos: una comisión de la verdad que confió en pruebas sin sustento y una investigación penal que privó a la fiscalía de sospechosos clave.

La presión venía desde el nivel más alto: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en junio que su gobierno sabía lo que había ocurrido a los estudiantes desaparecidos y que este año resolvería el asunto, aunque los investigadores no habían certificado las pruebas aún.

Pero las dificultades también surgieron de la disfunción al interior del gobierno, donde los funcionarios que investigaban el caso retuvieron información clave unos de otros, perjudicando su propio caso.

En lugar de una victoria política, la promesa de campaña de cerrar al fin una herida abierta en el país se ha convertido en un inconveniente para el presidente, en tanto que las familias de las víctimas han criticado duramente al gobierno por no entregar ni verdad ni justicia.

“Tenían que haber hecho algo impecable y no lo hicieron”, dijo Santiago Aguirre, el abogado principal que representa a las familias de los estudiantes desaparecidos. “Termina pareciéndose mucho a lo de antes, salir sin verificación, más por política que por convicción de tener ya esclarecida la verdad”.

La noche de septiembre de 2014 en que desaparecieron, los estudiantes, como parte de una tradición que, en buena medida, era tolerada por las empresas locales de transporte, habían tomado varios autobuses para trasladarse hasta una protesta en Ciudad de México que conmemoraba una masacre estudiantil ocurrida en 1968.

Pero los estudiantes fueron interceptados por pistoleros, entre ellos agentes de policía municipal que los obligaron a bajar de los vehículos, les dispararon a algunos de ellos y se llevaron al resto. Se sabe poco sobre lo ocurrido después de eso.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto manejó con torpeza la investigación, al producir una versión de los hechos llamada “la verdad histórica” que culpaba a los narcotraficantes y a los policías locales, y que los investigadores internacionales pusieron en entredicho. Incluso cuando surgieron pruebas que vinculan a las fuerzas federales de seguridad con la desaparición, la mayoría de los estudiantes nunca fueron hallados.

Para López Obrador, el caso tenía un significado especial.

Las víctimas, estudiantes de una escuela normal rural en Ayotzinapa, una comunidad pobre en el sur de México, forman parte crucial de su base de apoyo. La investigación profundamente defectuosa realizada en el gobierno de Peña Nieto alimentó una ola de descontento más amplia dirigida contra la clase política mexicana, lo que favoreció la candidatura de López Obrador y ayudó a llevarlo al poder en 2018.

Como presidente, el primer decreto de López Obrador estableció una comisión de la verdad encargada de investigar la desaparición. Al frente de la indagatoria nombró a Encinas, un viejo amigo y exsenador.

Las familias de los estudiantes fueron convocadas a Palacio Nacional para reuniones regulares y sintieron que al fin se les tomaba en serio. El gobierno abrió una investigación penal por separado, a cargo de un fiscal especial muy respetado, Omar Gómez Trejo. Se identificaron los restos de dos estudiantes.

Pero luego de que transcurrieron tres años sin muchos otros avances significativos, López Obrador empezó a ponerse ansioso.

“El presidente me dijo, ‘¿qué pasó? Ya informa’”, dijo Encinas en una entrevista. Y más tarde añadió: “Nos quedan dos años de gobierno y nosotros tenemos que dar resultados y la fiscalía tiene que judicializar”.

Así que en febrero, Encinas tomó acciones drásticas: voló a Israel para encontrarse a solas con Tomás Zerón de Lucio, un exfuncionario mexicano acusado de poner deliberadamente en peligro la investigación del gobierno anterior.

Zerón, exdirector del equivalente mexicano del FBI que ahora vive en Israel y ha solicitado asilo en ese país, ha sido acusado de torturar testigos y sembrar evidencias. En enero, México envió a Israel un pedido de extradición por Zerón.

Un mes después, durante una comida que duró casi tres horas en Tel Aviv, Encinas pidió a Zerón información sobre los restos de los estudiantes que podría haber retenido mientras estuvo en el poder. El funcionario le ofreció el “apoyo del presidente” a cambio de su cooperación, según un audio de la conversación revisado por The New York Times.

“Ayúdame a desenmarañar todo esto”, le dijo Encinas a Zerón en el encuentro. “Yo te garantizo el apoyo del presidente”.

Cualquier duda que Zerón planteó sobre la posibilidad de superar el caso fue rebatida.

“Al presidente no le importa meter gente a la cárcel”, le dijo Encinas a Zerón, que enfrenta hasta 60 años de prisión.

“Reunirse con el hombre que ha sido identificado como el cerebro detrás del encubrimiento de lo sucedido, parece una medida desesperada”, dijo Kate Doyle, analista sénior en el Archivo Nacional de Seguridad, un instituto de investigación con sede en Washington, y experta en desapariciones. “El gobierno obviamente está batallando para reunir cualquier información a fin de poder decir que ha resuelto el caso”.

En una entrevista con el Times, Encinas dijo que intentaba persuadir a Zerón de que cooperara porque consideraba que tenía información valiosa y que solo le prometió que López Obrador respaldaría un acuerdo que podía haber incluido una sentencia reducida de prisión.

Liora Turlevsky, abogada de Zerón, dijo que el encuentro muestra “que las acusaciones contra mi cliente constituyen un libelo de sangre”, o alegato antisemita, “y una cacería de brujas realizada debido a intereses políticos internos”. Zerón, dijo Turlevsky, niega todas las acusaciones en su contra y no retiene ninguna información en conexión con el caso.

Un vocero del presidente no respondió a los pedidos de comentario.

Foto: Esimagen

gse