El Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, con el objetivo de prohibir y sancionar penalmente las terapias de reorientación sexual, conocidas como “Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig)”.

Las reformas fueron aprobadas con 69 votos a favor, dos votos en contra (emitidos por panistas) y 16 abstenciones de panistas y priistas. La minuta fue turnada a análisis y votación de la Cámara de Diputados.

La propuesta adiciona un Capítulo IX denominado “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas” al Código Penal Federal y un artículo 465 Bis a la Ley General de Salud.

Con la aprobación, “se sancionará con dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”.

Además, se sugiere que se aumenten al doble dichas sanciones, “cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, personas adultas mayores o personas con alguna discapacidad”.

En caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima los que incurran en las conductas sancionadas, “se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento, a consideración del juez”.

Las sanciones también aumentarán al doble, cuando la persona autora tuviere con la víctima relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación. De la misma manera, cuando se valga de una función pública para cometer el delito o emplee violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima.

A las y los profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud que realicen este tipo de prácticas, se les aplicarán las mismas penas; además, de ser suspendidos en el ejercicio profesional, hasta por tres años. En caso de reincidencia, se les cancelaría el registro de la cédula profesional respectiva.

Tuvieron que pasar 4 años desde que, al inicio de la 64 Legislatura, en 2018, se presentara la primera iniciativa, a cargo de la senadora de Morena Citlalli Hernández, a la que se sumaron otras del Partido Verde (PVEM) Alejandra Lagunés Soto Ruiz, la de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado Castro y adiciones propuestas por el perredista Miguel Ángel Mancera.

foto especial

aj