Este lunes inicia la tercera y última fase de implementación del modelo de resolución de conflictos en el mundo del trabajo que sustituye a las juntas de conciliación y arbitraje y que divide el proceso entre centros de conciliación y tribunales laborales.

 

En este modelo de justicia, creado con la reforma laboral de 2019, las denuncias individuales deben ser presentadas en un centro de conciliación de manera presencial o en línea. Para la mayoría de los casos es obligatorio pasar por el proceso conciliatorio, el cual según el artículo 684-D de la Ley Federal del Trabajo (LFT), no deberá exceder de 45 días naturales.

 

Si las partes no logran un acuerdo, las autoridades conciliatorias emitirán una constancia de haber agotado la etapa prejudicial y su asunto pasará a un tribunal laboral, donde los juicios no podrán durar más de seis meses. 

 

Las Juntas de Conciliación sobrevivirán hasta resolver el último caso que recibieron antes que entraran en funciones las nuevas instancias.

 

Algunos de los temas que quedan exceptuados de la conciliación prejudicial obligatoria, según el artículo 685 Ter de la LFT, son la discriminación en el empleo por embarazo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico y condición social, y por acoso u hostigamiento sexual. En estos casos las personas pueden acudir directamente a un tribunal del trabajo a presentar la demanda.

 

La reforma laboral de 2019, como resultado de la reforma constitucional de 2017, estableció tres etapas para implementar el nuevo sistema. En esta última fase la Ciudad de México es de las entidades más importantes “porque es donde se concentra el mayor número de relaciones laborales y, en consecuencia, de conflictos laborales”, explica Alfonso Bouzas Ortíz, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral (OCRL).

 

La primera y la segunda etapa de implementación han demostrado que el 75% de los conflictos laborales se concilian y evitan pasar a los tribunales, con base en información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

 

Aunque las juntas eran de conciliación, hace muchas décadas que nos hicieron olvidar qué significa eso, así que un primer reto será aprender a conciliar. 

 

Alfonso Bouzas explica que “La conciliación no se trata de transacción, de ver quién pisotea al otro, es reconocer los derechos de ambas partes y la búsqueda de una solución a su problema”.

 

Patricia Juan Pineda, abogada y asesora de diversos sindicatos, asegura que las juntas habían estado bajo el control de las grandes centrales sindicales y de centrales patronales.

 

Organizaciones como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) han señalado que con los centros de conciliación se terminó la representación tripartita y las personas trabajadoras quedan desprotegidas.

 

Esta consideración se debe a que “convirtieron las juntas en uno más de sus negocios. Están molestos porque en los centros tienen una posibilidad muy acotada” de llegar a acuerdos económicos con las empresas, vendiendo los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, sostiene Pineda.

 

Y considera que el nuevo sistema de justicia “es una transformación de fondo que da una nueva perspectiva del derecho del trabajo y de cómo funciona el mundo laboral”.

 

La falta de presupuesto ha sido un grave problema para su implementación eficaz, dice, pues constantemente carecen de recursos económicos y humanos.

 

 

Así mismo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México han sido despedidas varias personas.

 

“Primero les ofrecieron empleo en los nuevos centros, para lo cual tomaron capacitación. Ahora les dijeron que no los recibirán y, como no hay presupuesto mantener para las dos instancias, tienen que recortar personal”, dice la abogada.

 

Casi ocho de cada 10 casos han sido solucionados vía conciliación, por lo que los tribunales laborales están reportando “saldos iguales o semejantes al anterior modelo”, dice el laboralista Alfonso Bouzas. 

 

Pero son muchos factores, agrega. “Yo creo que atrás está todavía la cultura tradicional, las partes no concurren a los tribunales con elementos de veracidad, sigue existiendo la simulación y la intención de no resolver, sino prolongar para cansar a la parte contraria y que ceda a lo que quieren”.

 

“Todo esto tiene que cambiar con jueces honorables y competentes y personal eficiente en documentar la relación laboral”, asevera.

 

Muchas veces las empresas desconocen la relación laboral con una persona, así que hay que demostrar que trabajaron para esa organización.

 

“Pero el registro documental de los vínculos laborales es todavía deficiente” y eso nos lleva a seguir empantanados como en el viejo sistema.

 

Existen más elementos para que el nuevo modelo de justicia funcione. La reforma laboral se inició para alcanzar la libertad y democracia sindical, recuerda el especialista, “porque mientras no haya auténtica representación de los trabajadores no puede haber relaciones laborales reales. Todo es simular: simulo que trabajo, al cabo que simulas que me pagas y eso es a lo que hay que poner fin”.

 

Se trata pues, de prevenir que los asuntos lleguen siquiera a un centro de conciliación y la reforma a la LFT de 2019 nos da las herramientas, apunta. “La visión de la reforma es cultural. Necesitamos cambiar el concepto de trabajo, de vínculo laboral, de trabajador y de empleador”

 

Es mentira “que la empresa sea del empresario. Las instalaciones y la maquinaria pueden serlo, pero el proceso productivo en sí no le pertenece de manera tal como para prescindir de la fuerza de trabajo. Si quiere trabajadores comprometidos, lo primero que tiene que hacer es abrirles su espacio, pagarles bien”, detalla.

 

Las autoridades conciliatorias y de justicia, por su parte, habrán de hacer un gran esfuerzo para estar a la altura del nuevo sistema, pero también de un nuevo mundo laboral en el que existe el teletrabajo, procesos productivos internacionales y globales y en el que el empleo por plataformas aún no nos descubre hasta dónde puede llegar, concluye.

 

Foto: La Jornada

LSM