En ese entonces, Murillo Karam destacó que estas detenciones se trataban de los primeros involucrados que participaron materialmente en la desaparición de los normalistas, según habían confesado en sus declaraciones. Se trataba de Patricio Reyes Landa, Darío Morales Sánchez, Agustín García Reyes, y Jonathan Osorio Cortés. 

 

Empero, el juez explicó que para esa hora y ese día, estos cuatro detenidos todavía no habían sido detenidos y, por tanto, mucho menos pudieron haber declarado y confesado su participación en estos hechos.

 

El juez de Control también destacó en su determinación la diligencia “ilegal” realizada en el río San Juan, en la que Agustín García Reyes, El Chereje, fue sacado de los separos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Siedo).

 

“Se trastocó y perturbó el lugar de los hechos”, aseveró el juez Fuerte Tapia, quien también acreditó, con dictámenes médicos, psicológicos y el Protocolo de Estambul, la tortura cometida en contra de estos cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos.

 

Así mismo calificó de “inverosímil” y de “altamente improbable” que Murillo Karam, como titular de la PGR, no conociera los actos de tortura que encabezaba su subalterno directo, Tomás Zerón de Lucio, entonces director jefe de la Agencia de Investigación Criminal.

 

El juzgador también remitió a un par de ex trabajadores, uno cercano, en el caso de Bernardo Cano Muñozcano, secretario particular de Tomás Zerón, quienes admitieron irregularidades en la indagatoria, principalmente, en los interrogatorios.

 

De igual forma, el juez avaló que, al seguir la línea de investigación de la llamada "verdad histórica", Murillo Karam no le dio relevancia a otros indicios como el hallazgo de restos humanos que posiblemente corresponderían a los normalistas de Ayotzinapa. “Se dejaron de seguir líneas de investigación, por lo que se ocultó la desaparición (de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos)”, enfatizó Fuerte Tapia. 

 

Para esta audiencia de vinculación a proceso, la FGR cambió a un agente del Ministerio Público de la Federación, quien condujo la réplica a las argumentaciones de la defensa de Murillo Karam, la cual, a pesar de lo anunciado, no presentó documentos ni fotografías que “desvirtuaran” las acusaciones en contra del ex procurador.

 

"Que diga quién le dio la orden": pide AMLO a Murillo Karam sobre caso Ayotzinapa Tras vincular a proceso a Murillo Karam se pasó al debate para determinar las medidas cautelares. El juez Fuerte Tapia decidió mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al estimar que no habían variado las condiciones de su decisión del sábado pasado, cuando impuso dicha medida cautelar para la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

 

La defensa de Murillo Karam presentó a un testigo experto en medidas cautelares, quien mencionó varios elementos de “estabilidad” que no implicarían un riesgo de fuga, incluida su “buena fama pública” y el ser una “persona hogareña”.

 

Este testigo incluso propuso al juez de control otras medidas cautelares para el ex titular de PGR como firma periódica, entrega de pasaporte y visa, así como prohibición de salir del país y portar un localizador electrónico durante el arraigo domiciliario.

 

Argumentos desestimados por el juez Fuerte Tapia al poner en duda la “imparcialidad” de este testigo, quien conoce a Murillo Karam desde 2010 e incluso trabajó para él en “algunos proyectos”.

 

Por lo que el juzgador reiteró que, principalmente a la trascendencia de la investigación por el caso Ayotzinapa y el perfil de “alta importancia”, Murillo Karam debía permanecer en prisión.

 

El juez Fuerte Tapia también decretó tres meses para el cierre del plazo de la investigación complementaria, a pesar de que los agentes del Ministerio Público de la Federación habían solicitado seis meses. 

 

Foto: Pasante DF

LSM