Patricia  estaba en su casa con su niño cuando, alrededor de la 1:45 horas del 5 de abril, escuchó que el rugido de varias camionetas y de coches, se asomó para tratar de averiguar qué sucedía. 

 

“Quédate ahí”, pidió a su hijo de 11 años, que rompió a llorar cuando una de las camionetas embistió el primer portón metálico que separaba la casa de la calle, en la colonia Loma Bonita de Acámbaro, Guanajuato. 

 

Algunos vecinos y el propio hijo de Patricia, contaron que una veintena de hombres se bajó de tres camionetas y un coche. Todos vestían uniforme militar y portaban chalecos antibalas. 

 

Los hombres, que traían los rostros ocultos con capuchas y llevaban cascos, armas largas y los logos de la bandera patria bordados en las mangas, abrieron con facilidad una de las puerta de la casa.

 

Aterrada, Paty trató de proteger a su hijo, pero la tomaron de los brazos, la hincaron en el suelo y la esposaron. 

 

“¿Dónde tienes el dinero guardado?”, le gritaban una y otra vez, de acuerdo con el testimonio que daría su hijo a las autoridades. 

 

Los hombres se llevaron todo: las pocas joyas de la mujer, un poco de dinero en efectivo, ropa, una computadora y hasta la bicicleta verde fluorescente del niño. 

 

Luego, subieron a Patricia a una de las camionetas, se fueron y de nuevo dejaron a la colonia en completo silencio. 

 

A eso de las 2:00, una vecina y amiga de Paty marcó por teléfono a la casa de sus padres y hermanos para tratar de explicarles lo sucedido. 

 

La familia marcó de inmediato al 911 para pedir ayuda. Pocos minutos después, la misma vecina llegó a la casa de la familia para llevar en su coche al hijo de Paty, que aún estaba aturdido y en shock. 

 

Al abrazar a sus familiares, el niño repetía impotente que quiso memorizar las placas de los carros que habían llegado con violencia a su casa, pero el pánico lo paralizó. Únicamente alcanzó a decirles con claridad: “Los militares se llevaron a mi mamá”.

 

Acámbaro, ubicado en el límite con Michoacán, es un municipio de 160 mil habitantes en Guanajuato, estado que en la actualidad concentra los mayores índices de violencia en México con más 3 mil 516 víctimas de homicidio doloso en 2021 y mil 566 en los primeros seis meses de 2022, de acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

 

También es una de las entidades con más reportes de personas desaparecidas, con más de 2 mil 300. Animal Político publicó en enero del año pasado el reportaje “La casa del horror de Acámbaro”, sobre un cementerio clandestino ubicado a pocas cuadras del centro del municipio, donde el crimen organizado mataba y enterraba a personas.

 

En ese lugar, colectivos de madres buscadoras y la Comisión Estatal de Búsqueda hallaron 104 bolsas con restos humanos y 15 cuerpos enterrados en 48 fosas, el segundo mayor hallazgo en Guanajuato tras los 80 cuerpos encontrados en Salvatierra a finales de 2020. 

 

 

En agosto del 2021, la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato, que reúne a diversos colectivos de familiares de desaparecidos, emitió una alerta por la posible desaparición de Luis Eduardo Valdés Moctezuma, de 22 años, presuntamente a manos de la policía municipal. 

 

Marlén Quijada, una de las hermanas de Patricia, explica en entrevista que la colonia donde viven no es especialmente peligrosa. Y su hermana, al igual que el resto de la familia, se dedicaba a estudiar, trabajar y no buscar problemas con nadie.

 

“Mi hermana es pasante de Criminología. En 2020, con la pandemia, no pudo seguir con su proceso de titulación y lo estaba retomando ahora. Y mientras tanto, se dedicaba al comercio de ropa y de bolsas en internet y redes sociales”, dice Marlén. 

 

 

Marlén no entiende qué pudo pasar esa noche del 5 de abril, ni quién pudo haberse llevado a su hermana a la fuerza.

 

 

El 18 de enero pasado, meses antes de la desaparición de Patricia, elementos de esta agencia irrumpieron en su domicilio, allanándolo sin una orden de aprehensión para luego ponerla a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, un juez de control la liberó porque quedó acreditado que los agentes la detuvieron de manera arbitraria y por medio de tortura, privándola de su libertad durante tres días, afirma Raymundo Sandoval, activista de la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato quien acompaña el caso y a los familiares.

 

“Ahora, cuando la desaparecen en abril, su hijo de 11 años refiere que quienes se la llevaron eran personas vestidas de militares, pero que eran las mismas que se la llevaron en enero, pues los reconoció por su voz. Por eso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comenzó una queja investigando la presunta desaparición a manos de cuerpos militares, aunque en los hechos se estima que pudieron ser agentes de investigación criminal, los mismos que irrumpieron ilegalmente en su domicilio en enero”, explica el activista.

 

 

“La fiscalía dice que ninguno de sus elementos se la llevó. Y que ya buscaron con todas las autoridades y que ninguna la tiene. Que ni la Sedena, ni la Marina, ni agentes de investigación. Nadie”, dice. 

 

La investigación ha sido hasta ahora deficiente, denuncia la mujer. Por ejemplo, las autoridades aún no han revisado las cámaras de video ubicadas en las zonas por donde pudo haber pasado el convoy que se llevó a Patricia. 

 

 

 

Además pregunta por qué a cuatro meses no han rastreado el celular de su hermana. 

 

 

Marlén denuncia que a diario les comentan que unidades de las agencias de investigación van a la casa de sus padres a preguntar a qué hora entra y sale la familia, y a qué se dedican. 

 

“O sea, en lugar de investigar quién se llevó a mi hermana, lo que hacen es investigarnos a nosotros, como si fuéramos nosotros los que la hubiéramos desaparecido. Es indignante”, reclama. 

 

 

 

Ante esta situación, el activista Raymundo Sandoval señala que ya se dictaron medidas de protección para los familiares y para que estas sean otorgadas por una institución diferente a la fiscalía estatal, pues existe la sospecha de que agentes de investigación criminal pudieron haber participado en los hechos. 

 

El pasado 18 de julio, los familiares de Patricia e integrantes de la Plataforma por la Paz se reunieron con la secretaria de Gobierno guanajuatense, Libia García, para exponerle el caso. La funcionaria se comprometió a establecer un plan de búsqueda individualizada de la mano de la Comisión Estatal de Búsqueda. También se le solicitó que interviniera para acordar una reunión urgente con el fiscal, Carlos Zamarripa. 

 

“Pero ahí no hubo compromiso. Nos pidió que la solicitud se hiciera mediante un oficio”, dice Sandoval. 

 

Mientras llega la respuesta Marlén y su familia continúan enfrentando un enorme desgaste ante la falta de noticias de Patricia. 

 

“A las personas que se la llevaron les pedimos que se compadezcan. Estamos sufriendo mucho. No hemos dejado de buscarla ni un día. Hemos ido con los medios, hemos ido a pegar letreros por los municipios, por las rancherías, pero nadie nos dice nada. Les suplicamos que se compadezcan, que nos digan qué es lo que quieren”, suplica la mujer.

 

Foto: Yahoo Vida y Estilo

LSM