Puebla, Pue.- La primera vez que Lucina Quintero Rosas se sentó frente a un micrófono y habló en nombre de su natal San Felipe Xonacayucan (Atlixco, Puebla) ocurrió durante una rueda de prensa. Su madre, Enedina Rosas, se encontraba en prisión por “robo y obstrucción de obra pública”, por lo que el liderazgo de la resistencia recayó en la entonces adolescente como sucesión natural.

Aquella experiencia catatónica fue un arrojo a la realidad de injusticia e impunidad que viven miles de comunidades rurales e indígenas de México y Latinoamérica. En 2014 arrancó la construcción del gasoducto de Morelos, mismo que consta de 171 kilómetros de longitud y atraviesa el territorio poblano del que son originarias Lucina y su madre.

“Vivía en mi propia burbuja”, recuerda la futura abogada de la IBERO Puebla, profesión que la eligió a ella y no a la inversa. La estudiante fue seleccionada recientemente para participar en el curso Semillero Latinoamericano de Derechos Humanos 2022 ofrecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y todo empezó el día en que apresaron a su madre.

Enedina Rosas representaba a uno de los ejidos que resultarían afectados por la obra comisionada por la CFE. Diferentes informes del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (CUPREDER) advirtieron los riesgos ambientales de la región, entre ellos la cercanía con el Popocatépetl. Fue entonces que, salvo algunas excepciones, la asamblea comunitaria cerró filas en contra del gasoducto.

Tras la aprehensión de varios líderes comunitarios, Enedina entre ellos, la joven Lucina tomó el rol de brújula. “Asumo el liderazgo de manera casi automática”, recuerda. Su desconocimiento de asuntos jurídicos la llevó a acudir a asesores externos, quienes le explicaron el trasfondo político del conflicto. “A todos los detenidos les fabricaban delitos similares. […] Mi mamá era una ama de casa de 58 años”.

En abril de 2014, ya en el CERESO, Enedina Rosas transmitió a su hija la importancia de mantenerse fiel a sus principios y a la comunidad. “Mientras no me maten, de aquí salgo”, prometió la activista. Lucina se cansó de ser una víctima y buscó los medios para actuar frente a los abusos de poder.

Una de las instancias que acompañó el caminar de San Felipe Xonacayucan fue el Centro Prodh, donde Lucina conoció a un colaborador de primera línea que años después se convertiría en su coordinador de licenciatura: el Mtro. Simón Hernández León. Gracias al trabajo colaborativo, su madre fue absuelta tras cinco meses privada de la libertad. Ahí nació su “amor por la justicia. Los buenos abogados sí existen”.

A ocho años del inicio de la lucha, se concluyó con la construcción del gasoducto de Morelos. Sin embargo, las condiciones del territorio no permiten su operación. Los activistas recibieron una compensación económica de 25 millones de pesos que fue invertida en infraestructura básica para la comunidad. El proyecto, figurativa y literalmente, quedó enterrado.

Velar por la justicia

Lucina está por iniciar el noveno semestre de Derecho en la IBERO Puebla, donde forma parte del Programa Intercultural de Vida Universitaria Pedro Arrupe, SJ dirigido a jóvenes de comunidades indígenas. Además, ha participado en la Comisión de Igualdad de Género y en diversos equipos representativos de su licenciatura.

Todas estas credenciales académicas, sumadas a su antecedente como activista naif, le valieron un lugar en el Semillero Latinoamericano. Durante los siguientes cuatro meses, la alumna podrá conocer de manera directa cómo funciona la Corte IDH y refrendar su vocación por la promoción de los derechos humanos.

Aunque ingresó a la Universidad para aprender a nadar en el asfixiante mundo jurídico, ha encontrado en las ciencias jurídicas una herramienta fundamental para frenar múltiples injusticias; tal es el caso de la violencia de género presente en las comunidades. Si bien aún no se define por una línea particular, mantiene su convicción identitaria: “Mi región es Atlixco. De ahí soy”.

Historias como la de Lucina Quintero reflejan el espíritu transformador de la Universidad Jesuita. Así lo aprecia la Dra. Nadia Castillo Romero, directora del Departamento de Ciencias Sociales, quien anhela que los testimonios de todos los egresados del área pongan en el centro de su actuar personal y profesional a las personas vulneradas. Incluso si, en algunos casos, las afectadas son ellos mismos.

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