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Vinculan a proceso a exfuncionario en la CDMX por enriquecimiento

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Permanecerá interno en el Reclusorio Norte, mientras se cumplen los tres meses que se fijaron como plazo para el cierre de la investigación

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo de un juez de control, la vinculación a proceso de Luis “N”, ex director jurídico y de gobierno de la alcaldía Benito Juárez, por su probable participación en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

El imputado permanecerá interno en el Reclusorio Norte, mientras se cumplen los tres meses que se fijaron como plazo para el cierre de la investigación complementaria, informó el vocero de la dependencia, Ulises Lara López.

Luis “N” es acusado por la Fiscalía de obtener inmuebles en esa delegación cuando fue funcionario público, mediante presuntos despojos y prebendas que les habrían entregado inmobiliarias a cambio de la autorización de permisos, como parte del llamado “Cártel Inmobiliario”.

Lara López expuso que se tienen previstas diligencias en otros inmuebles que pudieran estar relacionados con las personas investigadas, particularmente en el Estado de México, y este jueves se desarrolló un cateo en Huixquilucan.

Señaló que se han realizado cateos en 41 inmuebles ubicados en las alcaldías Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán y Miguel Hidalgo, en los que se han recabado información que ha permitido fortalecer la indagatoria.

En dichas diligencias se han localizado y asegurado diversos documentos, así como bienes, vehículos de lujo, computadoras, dispositivos electrónicos, que con autorización judicial son revisados, para acreditar la comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

Por otro lado, hizo del conocimiento público que se argumentará ante una autoridad federal, particularmente un juez de distrito, que hay datos de prueba necesarios para formular imputación en contra de Nicias “N”.

Lo anterior, luego de que el Ministerio Público fue notificado de la solicitud de amparo realizada por esa persona para evitar su detención.

“Ante ello, el representante social señalará ante dicha autoridad, que buscamos llevarlo, con todas las garantías que la Constitución establece, ante un juez de control que será quien determine si existe o no la probable participación de dicho individuo en la comisión del delito señalado”.

 

Foto: especial

 

gse

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