El fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, emitió ayer una declaración sobre la captura de Rafael Caro Quintero, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Caro Quintero era buscado, por las autoridades estadounidenses, por su presunta participación en el secuestro y asesinato del agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Enrique “Kiki” Camarena, en 1985.

¿Habrán tomado nota quienes fueron altos funcionarios del gobierno mexicano en esa época? “No hay escondite para nadie que secuestre, torture y asesine a miembros de las fuerzas del orden estadounidenses…”, dijo claramente Garland.

Y el procurador estadounidense añadió: “El arresto de hoy es la culminación del trabajo incansable de la DEA y sus socios mexicanos para llevar a Caro Quintero ante la justicia por sus presuntos delitos, incluida la tortura y ejecución del agente especial de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena. Estaremos buscando su extradición inmediata a los Estados Unidos para que pueda ser juzgado por estos crímenes en el mismo sistema de justicia que el agente especial Camarena murió defendiendo”.

En la serie documental de Amazon, “The Last Narc” (el último agente), Héctor Berréllez narra su investigación del asesinato de “Kiki” Camarena. Berréllez, ex agente de la DEA, encontró elementos que implicarían a la CIA en la planeación del secuestro y tortura de Kiki. La miniserie presenta documentos y testigos del crimen y argumenta que un agente de la CIA, Félix Rodríguez, fue uno de los interrogadores de Camarena durante su tortura. La tesis es grave: todo se trataba de la operación de la CIA para apoyar a la Contra en Nicaragua. Se vendían las drogas para solventar otras negras operaciones. Camarena se interpuso y se había convertido en un obstáculo. Por eso lo mataron.

Esto ocurrió hace 37 años. Pero la miniserie no cuenta toda la dimensión de la crisis bilateral.

En febrero de 1985 las relaciones entre México y Estados Unidos llegaron al punto más bajo en muchos años. El problema de las drogas no había tenido un lugar en la agenda gubernamental del primer periodo de la administración Reagan. De pronto, el Presidente y la Primera Dama se comprometieron, en 1985–1986, a erradicar la drogadicción en EU. En esos años, Reagan necesitaba lograr resultados rápidos como respuesta a la indignación de la opinión pública por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses: uno de ellos participó en la lucha contra el narco, Kiki Camarena, y el otro un atleta, Len Bias, prestigiado jugador de baloncesto, fue víctima del consumo de drogas.

Después del secuestro, tortura y asesinato de Camarena en Jalisco, el Servicio de Aduanas estadounidense paralizó la frontera mediante la detallada inspección de cada vehículo y de cada persona que intentara cruzar. Esto fue, en realidad, una manera de expresar el resentimiento que había en Washington y de presionar a las autoridades mexicanas para que investigaran el caso.

Esta operación irritó a los funcionarios mexicanos quienes alegaban que no se había seguido el procedimiento establecido de notificar a México antes de llevar a cabo la orden. Además, John Gavin, embajador de EU en México, sugirió públicamente, en Washington, que los ciudadanos estadounidenses debían ser advertidos del peligro de viajar a México.

Todo ello dio lugar a reacciones nacionalistas en nuestro país. Hubo manifestaciones “anti yanquis” en la ciudad de México, debates en el Congreso, notas diplomáticas iban y venían reprobando las medidas, pidiendo una explicación y una disculpa. Se desató un gran resentimiento por el extremismo de las políticas del vecino del norte.

Los problemas no terminaron entonces. La escalada fue rápida. En 1986 varios acontecimientos aumentaron la preocupación sobre el futuro de la relación bilateral:

1. El presidente Ronald Reagan firmó la Directriz de Seguridad Nacional que identificaba el tráfico de narcóticos como una amenaza a la seguridad nacional. Este documento condujo a su gobierno a aumentar la intensidad en el uso de los aparatos militar y de inteligencia en la lucha contra las drogas.
2. El agosto de 1986 los senadores demócratas Joe Biden y Lawton Chiles anunciaron la formación de un Grupo de Trabajo Demócrata, de 9 miembros, sobre drogadicción y abuso de sustancias tóxicas. Su propósito era crear la oficina del Zar contra las Drogas, para que supervisara el gran número de agencias federales que participaban en la estrategia antinarcóticos. El director de esta Oficina de Políticas y Operaciones Antinarcóticos Nacionales e Internacionales, a nivel de gabinete, estaría autorizado a diseñar, revisar, instrumentar y asegurar el cumplimiento de las políticas del gobierno.
3. Un informe del Departamento de Estado indicaba que México era la fuente individual más grande de heroína y mariguana que entraban en EU. El 17 de octubre de 1986 la Cámara de Representantes aprobó una legislación contra las drogas (HR 5484) autorizando 1,700 millones de dólares para el año 87 como fondos destinados a la prohibición, erradicación, aplicación de la ley, educación, tratamiento y rehabilitación. Era el inicio de la “certificación” de que un país cooperaba con EU para detener la producción o transportación de drogas.
4. El secretario de Estado entabló negociaciones con México para establecer una Comisión Intergubernamental México-Estados Unidos sobre Control de Narcóticos y Drogadicción. Y el Congreso emitió una resolución que exigía a México lograr un progreso sustancial hacia la resolución de los temas de las drogas, discutidos en agosto de 1986 entre los Presidentes Reagan y De la Madrid. El gobierno de EU debería considerar acciones contra México, tales como una advertencia para los viajeros estadounidenses que quisieran visitar México; la negativa a un trato arancelario favorable para los productos mexicanos; votos norteamericanos contra México en los bancos multilaterales de desarrollo; la retención de la ayuda externa hasta que el gobierno mexicano enjuiciara y condenara a los responsables del asesinato de Camarena.
5. Estados Unidos inició la Operación Alianza. De noviembre de 1986 a enero de 1988, miles de nuevas posiciones para oficiales encargados de la aplicación de la ley antinarcóticos fueron asignadas para reforzar la frontera: 122 agentes del IRS, 120 de la DEA, 75 del FBI, 60 ministerios públicos, 400 oficiales de la Patrulla Fronteriza y casi 1,000 nuevos oficiales e inspectores de Aduanas. Todo organizado y coordinado por el Consejo Nacional de Políticas contra las Drogas, bajo la supervisión del Procurador Meese.
6. Se realizaron una serie de cambios burocráticos y se definieron nuevas prioridades: se asignó al FBI la autoridad para conducir investigaciones sobre narcóticos junto con la DEA; se establecieron 13 grupos de aplicación de la ley contra narcóticos y contra el crimen organizado para atacar a los traficantes de alto nivel; se creó el Sistema Nacional de Prohibición de Narcóticos en las Fronteras; se incrementaron los recursos de la DEA y del IRS destinados a las tareas de investigación de lavado de dinero; se puso un mayor énfasis en las técnicas de investigación sofisticadas, como el monitoreo electrónico; y se aumentó la asistencia del Departamento de Estado para las campañas de erradicación en otros países.
7. Desde la perspectiva del análisis burocrático, la lucha contras las drogas era compleja: en el lado de EU, en 1985, participaban 11 Departamentos a nivel de gabinete (Justicia, Tesoro, Transporte, Estado, Defensa, Salud, Agricultura, Interior, Trabajo, Educación, Comercio), más de 30 organizaciones del gobierno federal y casi un centenar de actores estatales y locales.

En fin, durante el corto periodo 1985–1986 un problema que había sido materia de rutina en la agenda bilateral se convirtió de inmediato en una de las altas prioridades para el gobierno de EU. La “guerra contra las drogas” había sido declarada.

Pero, de acuerdo con los testimonios de la miniserie “The Last Narc”, había otra agenda, oscura. Eran los últimos años de la Guerra Fría y queda claro que la muerte del agente Camarena marcó un antes y un después en el combate al narcotráfico. Mostró la disputa entre la DEA y la CIA. Parecería que, ante la aparente convicción de los actores políticos de ganar una guerra contra las drogas, para algunas agencias del gobierno de Estados Unidos, y para algunos altos funcionarios del gobierno mexicano, ser comunista era peor que ser narcotraficante.

Rafael Caro Quintero fue arrestado y será extraditado. Pero la crisis en la relación México-Estados Unidos, que inició en 1985, todavía no termina.

Columna de Enrique Treviño en SDP Noticias

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