Luz Del Carmen Arredondo se ha presentado a entregarse este viernes ante las autoridades de Puebla. Debe cumplir con una orden de arresto girada en su contra después de que le fuera imposible presentar a su hijo menor a una convivencia con su padre impuesta por un juez durante horario escolar.

La ley es la misma pero no se aplica con la saña que se ha perseguido a Luz. El arresto es una medida de apremio que, según la Constitución, debe imponerse atendiendo el principio de proporcionalidad, es decir, que únicamente ante reiterados incumplimientos de una orden judicial y en el caso de que esa medida sea adecuada, pudiendo favorecer al cumplimiento de la orden, se puede imponer.

En el test de proporcionalidad, arrestar a una madre que no pudo sacar a su hijo de la escuela porque estaba en clases no solo resulta arbitrario sino violatorio al derecho a la educación de las niñas y los niños, también es violatorio a la Convención Americana de Derechos Humanos. Será la falta de realidad que viven los juzgadores de Puebla o el clima de impunidad que no le ha permitido a Luz Arredondo tener justicia por las dos sustracciones previas en las que su agresor, trasladó y ocultó a sus hijos sin sanción alguna: la primera ocasión, por un año y medio, la segunda por medio mes.

En esas dos ocasiones, no hubo arresto en contra del agresor a pesar de que una medida de ese tipo hubiese permitido a los niños volver a su hogar. Ni siquiera hubo una sanción.

Ni hablar del interés superior del menor por el que ningún juzgador puede invadir los horarios de clases o tratamientos médicos o del mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para juzgar con perspectiva de género.

Puebla, un líder… en impunidad

Puebla mantiene un índice de impunidad que para 2020, según México Evalúa, era de 94.6 por ciento en los delitos denunciados ante las autoridades, y que ahora rebasa el 95 por ciento. Fue en aquel año cuando Valentín, agresor de Luz en previas ocasiones, logró quitarle a su hijo, Luca. La misma regla de impunidad que beneficia a los violentados opera a la inversa cuando se trata de mujeres: acoso judicial y desproporcionalidad en medidas, lo vivió antes Cecilia Monzón, sus víctimas y muchas otras mujeres sin lograr obtener la más básica protección de la autoridad.

Luz Arredondo se había convertido previamente en activista y defensora como abogada, cuando su propio hijo encarnó la más fuerte de todas sus batallas: la lucha contra la violencia vicaria.

Acoso judicial, cuando agresores abusan del derecho

El acoso judicial constituye un fenómeno de hostigamiento encaminado a censurar asuntos de interés público o familiar que se presenta por parte de agresores con apoyo de autoridades cuando presentan denuncias sin material probatorio, empleando el sistema judicial con fines intimidatorios o silenciadores de expresiones. Todas las víctimas de violencia vicaria son, a su vez, víctimas del acoso judicial o litigioso. Esta forma de abuso del derecho a litigar se ha reconocido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) especialmente como una forma de intimidación hacia activistas, periodistas, medios de comunicación, defensores de Derechos Humanos, madres en petición de pensión alimenticia o guarda y custodia, entre otros actores de la sociedad civil con incidencia en la opinión pública. La intención es silenciar y agotar a las víctimas con vidas judicializadas y temor a ser detenidas por cualquier cosa, dejando de estar presentes para las personas que más requieren sus cuidados.

Desde 2019, el magistrado presidente Héctor Sánchez dijo que desde el Tribunal Superior de Justicia no se permitiría que se esté trabajando en el ámbito de la corrupción y mucho menos que se estén violentando los derechos de mujeres, niñas o adolescentes, como respuesta a diversas acusaciones. Hizo un compromiso por revisar a cada uno de los miembros del Poder Judicial, pero hoy, pareciera que la voluntad no ha sido suficiente.

A pesar de que, desde el Senado, José Narro Céspedes junto con compañeras feministas trabajamos en una iniciativa para combatir el acoso judicial, la pregunta que preocupa es si aquellos operadores de justicia: jueces, secretarios, funcionarios judiciales y hasta policías alcanzarán a entender la gravedad de sus actos. ¿Bastará una ley para que la misoginia institucional se detenga? Mientras tanto, feminicidas y violentadores domésticos están prófugos. Pero Luz Arredondo, madre, activista representante del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria en Puebla, sobreviviente, abogada y luchadora por muchas mujeres más y defensora de su propio hijo, estará en una celda porque así lo decidió el encargado de despacho en funciones de Juez, José Eustaquio.

La igualdad ante la ley, un eufemismo grosero.

Columna de Frida Gómez en SDP Noticias

Twitter: @FridaFerminita

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