La empresa Almaden Minerals informó que presentó de nueva cuenta la solicitud para obtener una concesión para explorar y explotar yacimientos de oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán, en el estado de Puebla, y confía en obtenerlos este mismo año.

A través de un comunicado, la minera canadiense expuso que le fue notificada la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anular la concesión que tenía, debido a que no hubo una consulta previa a los pueblos indígenas de la región.

Señaló que sus trabajos de exploración están detenidos, hasta que la Secretaría de Economía federal complete la consulta indígena ordenada judicialmente.

Duane Poliquin, presidente de Almaden, afirmó que “con la finalización de este caso legal, la pelota está ahora en Economía para completar de manera rápida y efectiva todos los requisitos y volver a emitir los títulos minerales. Mientras, es responsabilidad del gobierno corregir sus procedimientos de emisión de títulos minerales, Almaden está lista para cooperar de cualquier manera que pueda”, se indicó.

La empresa reconoce que la decisión final de la SCJN tomó en cuenta la aplicación del derecho internacional y jurisprudencia para la implementación de la consulta por parte de las autoridades mexicanas con las comunidades indígenas relevantes.

“La decisión también aclara que a menos que haya un impacto significativo en los derechos de una comunidad indígena causados ​​por el otorgamiento del título mineral, como reubicación o algo similar, la emisión del título no depende previo consentimiento de la comunidad indígena de que se trate”, destacó la minera.

Sin embargo, la compañía asentó que no tiene ningún interés en reclamos sobre la tierra de la comunidad indígena que inició este proceso legal.

Almaden indicó que espera interactuar con las autoridades en México para aclarar los próximos pasos y facilitar, en la medida de lo posible, la ejecución por parte del gobierno de sus responsabilidades en la emisión de los títulos minerales.

Se precisó que actualmente no hay un cronograma definido para el proceso de consulta.

En cuanto a la solicitud de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y Evaluación de Impacto en Derechos Humanos, la empresa informó que la solicitud está “sustancialmente completa”.

Si bien el segundo no es un requisito bajo la ley mexicana, la compañía estima que la realización de una evaluación refleja “los mejores estándares internacionales y produce resultados sustanciales a largo plazo para las partes interesadas”.

Agregó que ello implica un extenso trabajo de campo bajo la supervisión de un Comité Asesor compuesto por representantes de la comunidad local y expertos en la materia.

Foto: archivo m

gse