Los Institutos Electorales mencionados prevén la imposibilidad de operar a partir del último trimestre del año, de igual forma el de Morelos y Nayarit, las operaciones también tendrán afectaciones, como la entrega de financiamiento público a los partidos políticos.  

 

Estas cinco entidades se consideran en “semáforo rojo” por los recortes a sus presupuestos, o retrasos en la entrega de ministraciones ya presupuestadas. 

 

 

El Instituto Electoral de la Ciudad de México prevé un déficit presupuestal que no permitirá su operación para el último trimestre del año, debido al recorte de más del 50% de su presupuesto por parte del Congreso Local.

 

Esa situación se origina no solo por el recorte presupuestal, sino porque parte de los recursos de financiamiento público de partidos políticos correspondientes a 2022 se utilizaron para cubrir actividades sustantivas del OPLE. 

 

Y se suma a la reciente reforma al Código Electoral aprobada por el Congreso local que suprime diversas áreas sustantivas del OPLE. 

 

El Tribunal Electoral decidió ordenar al Congreso local el otorgamiento de una ampliación presupuestal a este órgano electoral, sentencia que aún está pendiente de cumplimiento. 

 

En Colima, el recorte de 65% de presupuesto ya amenaza con falta de recursos para pagar salarios, luz y renta, durante este mes de julio, por lo que el Instituto Electoral pretende negociar la entrega de recursos faltantes para este trimestre y posteriormente solicitar una ampliación presupuestal para cubrir los últimos tres meses del año. 

 

En Campeche, el recorte por 56% del presupuesto para 2022 ya afecta la entrega de salarios de los consejeros electorales, titulares de áreas ejecutivas e integrantes del servicio profesional del OPLE. 

 

 

En Nayarit, el presupuesto asignado sólo les alcanzará para pagar los gastos hasta el mes de agosto; sin embargo, el OPLE no ha informado qué medidas tomará para garantizar la operación del resto del año. 

 

 

 

Foto: Expansión Política

LSM