Hasta el 24 de junio pasado, la Codhem ha recibido un total de 3 mil 287 solicitudes de amnistía.

 

El 90.27% (2 mil 922) son solicitudes de hombres privados de su libertad, el 9.61% (311) por mujeres, el .03% (1) solicitud de la comunidad LGBTTTIQ+ y 3 solicitudes en las que no se ha precisado el género.

 

Las solicitudes de amnistía por violación a los derechos humanos o al debido proceso pueden ser presentadas directamente ante la Codhem por los imputados, sus familiares, sus defensores y también por organizaciones de la sociedad civil, y el proceso que sigue la Comisión para analizar los casos es muy similar al que llevan a cabo para dar seguimiento a las quejas por violación a derechos humanos. 

 

 

Sin ese apoyo, los feminicidas sentenciados que buscaban la amnistía deberán llevar a cabo los procedimientos por su cuenta.

 

Myrna García explico que “Sería paradójico que el legislador quisiera contemplar amnistía para estos dos delitos, cuando lo que pretende es tener toda una agenda de género e, incluso, crea una comisión especial de alertas de género que tiene que ver con feminicidios y desaparición, que da presupuestos para programas y para víctimas, para las comisiones de búsqueda, policías de género y protocolos de investigación”.

 

“En ese sentido, sí nos pareció que flexibilizarlo podría generar un incentivo pernicioso de impunidad hacía los perpetradores. Para eso está el sistema tradicional que creó el propio estado en materia penal que puede llegar a los medios extraordinarios como lo es el amparo y que tendrán que agotarse todas las vías”, dijo.

 

Luego de recibir la solicitud de amnistía, un grupo de servidores públicos se traslada al centro penitenciario para sostener una entrevista con los imputados. Esta visita, es importante señalar, se hace de la mano de una unidad interdisciplinaria en la que participan un médico legista, un psicólogo, un criminólogo y un abogado.

 

El caso entra a un proceso de análisis y se envía a la visitaduría especializada en amnistía y tortura para que lo revisen. Una vez analizado, el expediente se turna a la segunda visitaduría de la Codhem que hace una revisión mucho más profunda del caso. Si la petición es procedente se somete a consideración de la presidenta de la Comisión quien tiene la facultad de firmar el pronunciamiento para hacerlo llegar al Poder Judicial del Estado de México, instancia que tiene la última palabra para conceder, o no, la amnistía.

 

 

De acuerdo con estadísticas del Poder Judicial estatal, hasta el 20 de junio habían recibido 5 mil 167 solicitudes de amnistía, de ellas, 2 mil 591 han sido de personas sentenciadas por el delito de robo.

 

Del total de peticiones recibidas, 2 mil 610 han sido concedidas.

 

 

En el año y medio que lleva vigente la Ley de Amnistía del Estado de México,  la presidenta de la Codhem, Myrna García, en entrevista con Animal político señaló:

 

 

Se trata de los casos de 4 personas, tres de ellas ya en libertad: Silvia, Virginia y Ernesto.

 

El primer pronunciamiento que emitió la Codhem fue el 8 de noviembre pasado a favor de Silvia, una mujer originaria de Toluca quien tiene a su cargo y cuidado la crianza de cuatro hijos. Su nivel máximo de estudios es el bachillerato.

 

Ella se desempeñaba como custodia en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, Estado de México cuando fue privada de su libertad por el delito de evasión y daño en los bienes. 

 

Del análisis y estudio de su caso se advirtió que la mujer estaba en una condición de vulnerabilidad y que su caso no fue juzgado con perspectiva de género.

 

 

El segundo pronunciamiento fue en favor de Virginia, una mujer indígena mazahua, originaria y vecina del Pueblo de San Antonio Pueblo Nuevo, San José del Rincón.Myyr

 

Virginia no cuenta con instrucción escolar y su fuente de trabajo era el comercio informal vendiendo pepitas, cacahuates y chicles. La mujer fue víctima de violencia familiar por parte de su primer concubino con quien procreó cuatro hijos.  

 

 

“Esta Comisión advirtió que se encontró en estado de vulnerabilidad y discriminación, pues estuvo en desventaja y desequilibrio frente al poder coercitivo de Estado por pertenecer a una comunidad indígena, hablar la lengua mazahua, no saber leer ni escribir en español, así como por su extrema pobreza, su nivel social y cultural, aunado a que no contó con intérprete o traductor de la lengua mazahua que pudiera explicarle la naturaleza y alcances del proceso penal”, expone la Codhem.

 

 

En tanto, Ernesto, una persona en situación de calle que cuenta con nivel de estudios de tercero de secundaria no terminada, de ocupación costurero, con escasos ingresos semanales, vivía en una casa que estaba desvalijada sin puertas, ni ventanas. El hombre fue privado de su libertad por el delito de robo.

 

 

Actualmente la Codhem está a la espera de que el Poder Judicial del Edomex se pronuncie y en su caso confirme su opinión sobre otorgar amnistía a una mujer víctima de violencia de género.

 

Foto: You Tube

LSM