Las y los ex trabajadores informaron que este despido masivo ha afectado a muchas más mujeres que hombres, por lo que al menos 88 de los 127 agremiados del Sindicato 7 de Mayo en el ayuntamiento de Huamantla han sido violentados en sus derechos laborales.

 

Patricia García, ex sindicalizada de este ayuntamiento, testificó que, a pesar de que las autoridades municipales alegan que no hay recursos, ya hay trabajadores en todas las áreas supliendo los puestos de los afectados, llegando incluso a tener hasta 3 personas por lugar y de otros estados como Hidalgo o Oaxaca.

 

Manifestó que estos supuestos trabajadores serían pagos políticos de Santos Cedillo por ayuda en su campaña, por lo que su despido es una injusticia laboral que llegó a tales extremos de no dejarlos ingresar a su lugar de trabajo, el cierre de oficinas e incluso represalias, aún cuando algunos sindicalizados llevan más de 36 años de experiencia en sus respectivas áreas.

 

 

Al respecto, el abogado Orlando Santacruz evidenció que este despido es una violación al estado social de derecho de Tlaxcala, pues no sólo se ha perjudicado la integridad laboral de los trabajadores y la economía de sus familias, sino a los derechos humanos.

 

Por tal razón aseguró que realizarán diversos procedimientos con especialistas en las ramas del derecho constitucional, laboral, administrativo y penal, ello con la finalidad de llevar a cabo un juicio político contra Santos Cedillo y reintegrar a los sindicalizados afectados.

 

«Hemos realizado diversas acciones legales que nos permitirán construir la defensa de sus derechos (de los trabajores). El artículo 109 de nuestra Constitución Política federal, y el similar en la Constitución local, nos permiten establecer acciones legales como el juicio político, procedimiento de responsabilidad administrativa y las acciones penales que se derivan. Estos son los pilares que van a construir una sólida defensa por lo que respecta a los derechos laborales hoy pisoteados», sostuvo.

 

Asimismo, Montesinos mencionó que las acciones realizadas por el edil de Huamantla son con pleno desconocimiento de la ley, de modo que trabajarán por acelerar los procesos jurídicos en tribunales para solucionar el rezago de los 88 trabajadores afectados, de los cuales un 65 por ciento son mujeres.

 

«Cada día que pasa es un día que ellos no perciben un salario, y por la forma en que fueron separados de su cargo, que no fue la correcta, tenemos todas las oportunidades que nos da la ley para poder hacer valer su derecho», aseveró el abogado defensor.

 

Finalmente, los abogados solicitaron el apoyo de la gobernadora Lorena Cuéllar para solucionar esta injusticia laboral e impedir la reproducción de estos actos, pues aseguraron que otros ayuntamientos estarían imitando el despido ilegal y masivo de trabajadores para satisfacer a intereses políticos.

 

Foto: Especial

LSM