En los últimos ocho años han crecido más de 100 veces en México. 

 

Mientras que en 2013 fueron mil 296, alcanzaron 130 mil en 2021, de las cuales cerca de 90 mil se presentaron en la ciudad fronteriza de Tapachula, Chiapas. 

 

Ante esta situación, el sistema de asilo del país está rebasado y sin los recursos y la capacidad suficientes para dar respuesta, lo que provoca retrasos y sufrimientos innecesarios, según documenta la organización WOLA (Advocacy for the Human Rights in The Americas) en su reporte Luchando por sobrevivir: la situación de personas solicitantes de asilo en Tapachula, México.

 

De forma importante, el documento añade que la reticencia de las autoridades mexicanas para facilitar el acceso a otras soluciones legales tiene el efecto de relegar a las personas al sistema de asilo como si fuera la única opción para buscar un estatus legal de permanencia en México.

 

Migrantes y solicitantes de asilo, llegan a la frontera de Tapachula, ciudad fronteriza de México donde se realiza la mayoría de solicitudes, se enfrentan a servidores públicos que frecuentemente son descritos como parte de “un sistema para desmotivar a las personas”, lo que se conoce como “política de desgaste”.

 

 

“Estas condiciones no contribuyen a atender la migración forzada hacia o a través de México, sino que únicamente incrementan el sufrimiento y riesgos que las personas en movilidad enfrentan”, señala el reporte.

 

En 2021, cuando México registró el récord de 130 mil 627 peticiones de asilo, las tres nacionalidades que más aplicaron fueron haitianos, hondureños y cubanos. Los primeros fueron los que representaron el crecimiento más grande de 2020 a 2021, al pasar de 5 mil 917 a 51 mil 337. Hijos e hijas de padres haitianos también representaron un alto número de solicitantes de asilo provenientes de Chile y Brasil, que pasaron de mil 170 en 2020 a 10 mil 749 en 2021.

 

De acuerdo con el informe de WOLA, aunque las solicitudes de asilo se han incrementado año con año desde 2013, fue entre 2018 y 2019 cuando crecieron a más del doble, al pasar de 29 mil 574 a 70 mil 327, y aunque durante 2020, año de la pandemia, tuvieron un registro a la baja (40 mil 954), en 2021 alcanzaron un crecimiento, de nuevo, casi del doble respecto de 2019, pues sumaron 130 mil 627.

 

Stephanie Brewer, directora para México de WOLA, explicó en entrevista que hay “un conjunto de factores” que pueden explicar esta situación: en primer lugar, durante 2021, luego del cierre de fronteras en muchos países de la región en 2020 al inicio de la pandemia, los flujos migratorios volvieron a los niveles “prepandémicos”, e incluso se incrementaron precisamente por los efectos de la crisis sanitaria.

 

“Estamos viviendo un momento de elevados niveles de migración, y de migración forzada provocada por la violencia y también por los impactos económicos de la pandemia”, afirmó  Brewer.

 

“A eso hay que añadir que los desastres climáticos están teniendo un papel cada vez más relevante en la decisión de las personas a migrar” aseveró.

 

Aseguró que estos aumentos en los flujos, es lo que explica el disparo en las solicitudes de asilo, pues buena parte de la población migrante que sale de los países del Triángulo Norte de Centroamérica está huyendo de la violencia, aseguró la directora de WOLA en México. 

 

Brewer precisó que dentro de esa población que migra también hay personas con “otras necesidades”, que no necesariamente encajan en la definición de una persona refugiada.

 

“Sin embargo, la falta de disponibilidad de otras vías legales, y la reticencia de las autoridades a otorgar, por ejemplo, visas humanitarias, empuja también a esas personas a querer recurrir al sistema de asilo para regularizar su estancia en México. Y este factor también explica el aumento de las solicitudes”, apuntó. 

 

En 2021, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) resolvió 38 mil 054 casos de asilo, con un nivel de 72% de peticiones otorgadas, por encima del promedio de aprobación nacional de Estados Unidos, que alcanza el 37%. Sin embargo, hubo disparidades significativas en la tasa de aprobación según los diferentes lugares de los que provenían las personas.

 

Las nacionalidades en las que se observó el mayor porcentaje de aprobación de solicitudes de asilo el año pasado fue entre los venezolanos (97%), hondureños (85%) y salvadoreños (85%).

 

La Comar regularmente evalúa las aplicaciones de personas originarias de esos países como parte de los criterios de la Declaración de Cartagena. En tanto, entre los haitianos se registró la tasa más baja de aprobación con 23%.

 

El informe también describe que las personas solicitantes de asilo generalmente deben esperar a que sus casos se resuelvan en el estado donde tramitan su petición, por lo que cientos de solicitantes se ven obligados a vivir en Chiapas —un estado con un porcentaje de pobreza de 75.5%—, donde se localiza Tapachula.

 

En la práctica, “las autoridades mexicanas buscan confinar estas familias e individuos no solo al estado, sino a la ciudad de Tapachula; por eso, es conocida como la ‘ciudad cárcel”. Esta política de contención ha llevado a una serie de consecuencias negativas, que incluyen la falta de acceso a servicios básicos y a medios de supervivencia, lo que orilla a las personas solicitantes de asilo a tratar de encontrar maneras de abandonar la ciudad. 

 

Las Fuerzas Armadas no son responsables de definir el proceso de asilo,  dice el informe y afirma que tienen un papel relevante en la contención de la migración, así como contacto directo con familias y personas que llegan a México, con consecuencias que pueden impactar en el acceso de las personas a solicitar asilo. 

 

Hasta abril de este año, 28 mil 542 integrantes de las Fuerzas Armadas han sido desplegados en las fronteras del país. La Guardia Nacional tiene, en particular, un papel relevante en las detenciones en contexto migratorio, lo que priva a cientos de migrantes de la libertad que tenían en años recientes. 

 

Brewer señaló que uno de los grandes objetivos del informe que publica hoy WOLA es transmitir el mensaje a las autoridades mexicanas, estadounidenses y centroamericanas de que  esa es la realidad, y que no va a solucionarse a corto ni mediano plazo, por muchas iniciativas positivas y programas sociales que se estén implementando para abordar las causas de la migración desde la raíz. 

 

“A corto y mediano plazo, los niveles de llegada de personas migrantes y solicitantes de asilo van a ser los que estamos viendo ahora mismo. Y, por ello, el sistema de migración y de asilo tiene que adaptarse a esos niveles y dar una respuesta a miles de personas. Esto no puede ser a través de un modelo que solo busca la contención de miles de personas en una sola ciudad, en Tapachula”, agregó. 

 

Sobre la situación en esa ciudad,  explicó que, de acuerdo con los testimonios recabados en el documento, existe una especie de política no oficial entre las autoridades de migración para generar “un desgaste” en los solicitantes de asilo para que se desistan de su petición y acaben siendo deportados. 

 

“Es un sistema de desgaste hacia las personas, que las mantiene en un limbo jurídico durante meses, en la incertidumbre de cuándo resolverán sus casos, sin poder acceder a un empleo, viviendo en condiciones precarias, con problemas para acceder a servicios básicos y corriendo el riesgo de ser detenidas, a pesar de que son solicitantes de refugio”, detalló la activista.

 

Y precisó que si bien esta “política de desgaste” no es nueva en México, sí se “agravó” en la administración de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno del estadounidense Donald Trump. 

 

Por eso, la directora de WOLA dijo que en el marco de la próxima Cumbre Iberoamericana, el mensaje a enviar para los gobiernos de la región es que “reconozcan que las políticas que ponen más obstáculos y sufrimientos a las personas migrantes no solucionan las causas de la migración ni de la migración forzada, ni ofrecen soluciones a las personas solicitantes de asilo, ni les conviene a los propios estados”.

 

“La única solución para estabilizar a la población desplazada en la región es facilitar el acceso al refugio, y otras vías legales complementarias para ofrecer soluciones duraderas a las personas en movilidad”, concluyó Brewer.

 

Foto: ViveUSA

LSM