En reiteradas ocasiones, Morena afirmó  al órgano garante, que “no encontró en sus archivos” los contratos ni el monto pagado a las empresas. Sin embargo, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido confirmaron que dichos documentos sí existen. 

 

En diciembre de 2021, representantes de las tres encuestadoras informaron sobre los servicios provistos al partido, en los que incluyeron el despliegue de entrevistadores en miles de domicilios.

 

Cada empresa desplegó en los seis estados una logística para levantar 7 mil 200 entrevistas cara a cara durante cuatro días, además del trabajo humano que implicó el diseño de la metodología y el vaciado y procesamiento de los datos en tiempo récord. 

 

Morena; sin embargo, aseguró que ese servicio no le generó ningún costo, aunque tampoco precisó si se trató de alguna “donación” de parte de las encuestadoras.

 

Las encuestas espejo fueron contratadas por Morena con la finalidad de legitimar la selección de sus candidatos a las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, que celebrarán comicios el próximo domingo.

 

Esta fue la primera vez que el partido en el gobierno contrató a encuestadoras privadas para respaldar la definición de sus candidaturas, pues anteriormente eran elaboradas por una pequeña comisión del CEN que nunca dio a conocer la metodología que seguía en los ejercicios (muestra considerada, batería de preguntas, periodos y zonas geográficas de levantamiento, etcétera).

 

También aspirantes morenistas denunciaron que el CEN formalizó el registro de candidatos antes de que las “encuestas espejo” estuvieran concluidas.

 

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el 10 de enero pasado, importante medio nacional solicitó copia de los contratos suscritos con Buendía y Asociados, Covarrubias y Asociados y Mendoza Blanco y Asociados.

 

El CEN solicitó una ampliación del plazo para “buscar” la información solicitada, pero la espera no rindió frutos: el 22 de febrero, la Secretaría de Finanzas morenista respondió que no encontró documentos sobre contratos para elaborar dichas encuestas y que, “por ende”, no se realizó pago alguno para tal fin.

 

En su defensa, Morena aseguró que, conforme sus estatutos, las encuestas espejo deben ser elaboradas por la Comisión Nacional de Encuestas del CEN con recursos del partido, lo que descarta la contratación de compañías privadas.

 

La negativa derivó en el inicio del recurso de revisión RRA 2381 por parte del INAI, en el que el órgano garante revocó la respuesta de Morena, argumentando que hay indicios públicos de que la información requerida –los contratos con las encuestadoras– sí existían.

 

El INAI citó en el expediente el discurso dado por Mario Delgado el 22 de diciembre de 2021, el día en que fueron presentados los resultados de las encuestas y se anunció a los candidatos seleccionados.

 

De dicho discurso, el INAI destacó varios indicios que daban cuenta de la contratación de un servicio a las encuestadoras. Por ejemplo esta cida de Mario Delgado: “Decidimos tener, no dos, (sino) tres empresas de reconocido prestigio nacional, casas encuestadoras para que presenten a todas y a todos ustedes, además de la encuesta de Morena, los resultados de sus encuestas”.

 

Representantes de Buendía, Covarrubias y Mendoza Blanco detallaron que su trabajo consistió en replicar puntualmente la metodología de Morena.

 

De tal forma que cada encuestadora hizo miles de entrevistas cara a cara en cientos de secciones electorales de los seis estados con elección, de acuerdo con la información metodológica proporcionada en la rueda de prensa por los propios representantes de las empresas demoscópicas.

 

Considerando toda esta información, el INAI revocó la negativa de Morena y le ordenó hacer una nueva búsqueda entre los archivos de la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión de Encuestas, además de la Secretaría de Finanzas, para dar con los documentos solicitados.

 

“Se advierte que el sujeto obligado se encuentra en posición de generar la información solicitada por la persona solicitante, toda vez que han generado comunicados públicos que dan pauta a señalar que las empresas Buendía y Asociados, Mendoza Blanco y Asociados y Covarrubias y Asociados han sido contratadas para generar encuestas para medir a las personas mejor posicionadas para las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, dentro del proceso electoral que se encuentra en marcha”, se lee en la resolución del RRA 2381.

 

“Es decir, hay indicios de que la información solicitada por la persona recurrente se ha generado, por lo cual no procede la inexistencia invocada por el sujeto obligado en relación con lo solicitado. Así las cosas, y al tener que el sujeto obligado no ha consultado a la totalidad de las unidades administrativas y de que existen indicios de que la información de interés de la persona recurrente puede existir, se advierte que no se puede validar la inexistencia invocada por Morena”.

 

Pese a los argumentos del INAI, y a la instrucción dada en el recurso de revisión, el partido Morena volvió a responder que “no encontró” los contratos solicitados ni los pagos efectuados.

 

La contratación de encuestadoras particulares no bastó para que el proceso de selección de candidaturas de Morena estuviera exento de denuncias de simulación y manipulación, especialmente por parte de Susana Harp, José Ramón Enríquez y Maki Ortiz, aspirantes a la candidatura en Oaxaca, Durango y Tamaulipas, respectivamente.

 

En el caso de Durango y Oaxaca, las candidaturas fueron definidas y registradas ante notario desde el 18 de diciembre, es decir, cuando supuestamente las encuestas espejo aún estaban en proceso de levantamiento, y a cuatro días del anuncio oficial de los resultados.

 

Sin que Enríquez ni Harp estuvieran enterados, el CEN definió como candidatos al gobierno de Durango a la alcaldesa Marina Vitela; y en Oaxaca al senador Salomón Jara, de acuerdo con la documentación oficial en poder de este medio.

 

Foto: Archivo-e

LSM