La votación en la Corte sobre la Ley de Industria Eléctrica y la conclusión de la consulta revocatoria de mandato son el fin de un proceso con consecuencias relevantes hacia lo que vendrá en los próximos años. El tema central es el de la legalidad. Se advierte la dificultad de avenirse a un gobierno sujeto a leyes. El presidente lo ha puesto en claro, en su visión del ejercicio del poder es un cuento eso de que la ley es la ley, expresión que describe a un gobierno, a un régimen.

El PRI ha dicho no a la reforma constitucional eléctrica. Su Consejo Político ha mandatado a los diputados por la negativa y con ello se cierra la posibilidad de la reforma. Finalmente fue más fácil maniobrar en la Corte que cooptar a una fracción parlamentaria minoritaria. Aún así, el voto de siete ministros indica que será la vía del amparo para contener la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.

Lo de menos es el desdén de los ciudadanos a la consulta de revocación de mandato, tampoco que la votación por la continuidad es de poco más de la mitad de quienes votaron por el presidente en 2018. Lo preocupante es el precedente de consistente ilegalidad por parte de las autoridades federales, iniciando por el presidente López Obrador, su gabinete, los mandatarios estatales afines y el partido gobernante. No se puede soslayar lo acontecido, a grado tal que un escenario posible es la declaratoria de nulidad por lo recurrente, generalizado y gravedad de las violaciones a la Constitución y a las leyes en la materia.

Morena ahora enfrenta al INE y personifica sus ataques en su consejero presidente, Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama, quienes han emprendido una defensa enérgica y decidida de la autoridad electoral frente a la insidia, trampa e insulto. La revocación de mandato tuvo lugar en medio de una permanente descalificación de la autoridad por parte del presidente y de los suyos. El INE cumplió con rigor y cuidado. La falta de casillas, un factor nada menor en la afluencia de votantes es imputable a la decisión de los diputados de Morena de no apoyarle con recurso alguno y a la Secretaría de Hacienda de no hacer lo propio.

En el marco de la derrota de Morena en la elección intermedia el presidente anunció que emprendería tres grandes reformas constitucionales: eléctrica, electoral y la militarización plena de la Guardia Nacional. Desde ese momento anunció que iría por los votos de los priistas para alcanzar la mayoría calificada.

La decisión del Consejo Político Nacional del PRI del sábado pasado es el punto de quiebre no del tricolor, sino del gobierno. Ninguna de las tres reformas podrá realizarse una vez que se ha determinado la cohesión del bloque opositor. Lo que viene será convulso y de extrema polarización, tal como se ha visto en los días previos al revocatorio y que por igual el presidente se ha enfrentado a los ministros de la Corte, al Tribunal Electoral, al INE y a medios de comunicación y periodistas.

El presidente se ha instalado desde el inicio en una actitud de guerra. Los comicios son el plano de batalla. Vendrá el gobierno por decreto o mediante leyes claramente inconstitucionales. Persistirán decisiones arbitrarias en el ámbito de la economía, de polarización en la política y de abandono en materia de seguridad. Las elecciones de este año se perfilan con una clara ventaja para el partido gobernante. No así las dos elecciones de 2023, particularmente si el PRI decide mantenerse en el bloque opositor en el Estado de México. Lo relevante ocurrirá en 2024, el músculo mostrado en la consulta muestra que todo puede acontecer.

Columna de Federico Berrueto en SDP Noticias

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