Es necesario implementar Políticas Públicas en materia de ciberseguridad y protección de datos personales en el entorno digital, así lo expusieron integrantes del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),  al formar parte en los trabajos de la Ruta de la Privacidad, en el estado de Michoacán.

Al intervenir en el panel,Ciberseguridad y Gobierno Digital, la comisionada Josefina Román Vergara comentó que cuando se habla de ciberseguridad o de gobierno digital se hace con una mirada diferente antes y después de la pandemia, ya que muchas personas no habían utilizado plataformas digitales para trabajar, comprar, recibir o dar clases; no obstante, hubo un incremento exponencial en el uso de las tecnologías.

En su exposición resaltó que en México, 44.3 millones de personas son usuarias de computadoras, 84 millones de internet, y 88.2 de telefonía celular. Por ello, y ante el crecimiento exponencial de dispositivos conectados a redes de Internet, la ciberseguridad se debe encargar de proteger la información, los sistemas o equipos de cómputo, y garantizar llevar a buen puerto a todas las actividades que dependen de ellas, incluyendo la seguridad nacional y los derechos e integridad de las personas.

En su turno, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas advirtió sobre el riesgo de que, bajo el argumento de la política de austeridad presupuestal excesiva, se desproteja la ciberseguridad de las instituciones públicas, y que los “datos que éstas resguarden queden en estado de vulnerabilidad, como ha ocurrido ya con instituciones como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Lotería Nacional y el Banco de México”.

En este sentido, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas expuso, a su vez, que las TIC son una vía para impulsar la participación social y agilizar procesos. Aunque “también implican riesgos, por ejemplo, de acuerdo con datos del Foro Económico Mundial, los ataques cibernéticos contra empresas y bancos aumentaron 151 por ciento en 2021; en el mismo periodo, México fue el país que registro más ciberataques en América Latina, situación que debe considerarse para implementar medidas de seguridad”.

La comisionada cuestionó cómo podemos entender la ciberseguridad en el campo de lo público, al tiempo de manifestar que es la protección de los archivos tanto físicos, como de información; los activos de la información son las bases de datos, las claves de acceso y las contraseñas y los físicos son las computadoras y todos los bienes que se tienen en la oficina.

“Los organismos garantes en México y todas las instituciones públicas tienen la obligación de implementar mecanismos de seguridad. Por eso estas rutas de la privacidad”, puntualizó.

Adrián Alcalá Méndez, enlace con el estado de Michoacán, señaló que no se debe perder de vista que, en la medida en que la tecnología permite automatizar y generar impactos positivos en la calidad de vida de las personas, también podemos encontrar una proporción equivalente sobre amenazas y riesgos en el entorno digital.

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