El Decreto no realiza una interpretación auténtica del concepto “propaganda gubernamental”, sino que se establece una excepción a la prohibición de difusión de propaganda gubernamental durante el desarrollo de un proceso de revocación de mandato, lo cual es violatorio de la prohibición prevista en la propia Constitución general, según un comunicado del Tribunal.

 

Al establecer esta excepción se realiza una modificación sustancial a las reglas de comunicación política en la revocación de mandato, lo cual está prohibido a nivel constitucional.

 

La decisión se dió en una sesión privada y con el voto en contra de la magistrada Mónica Soto Fregoso y del magistrado José Luis Vargas Valdez.

 

El decreto mencionado fue aprobado de manera rápida por ambas cámaras del Congreso y publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un proceso legislativo que tomó una semana.

 

El Tribunal Electoral asegura que con esta decisión “protege el modelo de comunicación política del proceso de revocación del mandato en desarrollo, con lo cual tutela el principio de certeza y legalidad en su desenvolvimiento”.

 

Foto:Tribunal Electoral del Poder de la Federación

LSM