Simplemente demencial, como muchas cosas del entorno público actual, que los diputados legislen para interpretar la ley en sentido contrario a los propios términos de ésta y, particularmente, a lo que el partido dominante determinó recientemente respecto de las restricciones a la publicidad en materia de revocación de mandato. No deja de ser polémico que los diputados de la mayoría se arroguen la facultad de interpretar la ley, todavía más que lo hagan en sentido contrario a lo aprobado por ellos mismos.

La realidad es que las normas restrictivas en materia de publicidad referentes a la revocación de mandato son un absurdo. Debe dar lugar a un voto informado y para ello es indispensable la libertad para opinar, divulgar y promover cualquiera de las posturas, incluso los partidos y quienes encabecen autoridades. Igual sucede en materia electoral a causa de la mala reforma electoral de 2007; después de la elección de 2006, que dio un cambio legal regresivo que limitó las libertades ciudadanas en materia de participación política. El abuso publicitario en esos comicios buscó corregirse de la peor manera, afectando a los particulares y a los medios de comunicación.

En la implementación de esta primera consulta, la revocación de mandato se tergiversa para volverla ratificación. No hay una voluntad importante que se movilice por revocar el mandato presidencial de López Obrador. De hecho, buena parte de la crítica y de la oposición no busca echarlo del puesto, sino que cumpla en sus términos el mandato para el que fue electo, y que sujete su actuación a un sentido de responsabilidad ante todos los mexicanos y al cumplimiento estricto de la ley, en otras palabras, que sea presidente de todos los mexicanos y no un activista de su propia causa.

Como es público y notorio, quienes promueven la consulta no son los opositores, sino los que están a favor de López Obrador. Se pretende hacer del evento un intento de relanzamiento de la Presidencia ahora que el poder presidencial decae, de mejorar las perspectivas electorales del partido gobernante y de sus candidatos en los comicios de este y los próximos años, y de utilizar el previsible resultado de baja participación como arma para apuntalar la colonización del INE y hasta modificar su estatuto de autonomía.

El problema ahora se traslada a la publicidad. El INE ha estado sujeto a fuego feroz por buscar se cumpla la ley absurda e irracional en materia comunicación social que los mismos impugnadores del órgano electoral aprobaron. Los señalamientos son desproporcionados e injustos respecto al INE y calumniosos en su referencia a los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Nunca ha existido un embate tan frontal y agresivo como el de ahora, promovido por el mismo Presidente de la República.

Se entiende, aunque no se justifica que partidos cuestionen la manera como el INE aplica la ley. Es parte amarga del debate político; pero, es inaceptable que provenga de las propias autoridades y de los mismos legisladores. La ley se elabora para cumplirla; el fundamento de todo mandato y más de los que tienen como origen el voto popular, es hacer valer y someterse al principio de estricta legalidad.

La consulta está a menos de un mes. La confrontación con el INE crece a partir de su determinación de que se cumpla la ley en materia de publicidad. En todo el país hay un despliegue de propaganda a favor de la continuidad, en franca violación a ley que prohíbe su promoción, por parte de autoridades y partidos como autores, financiadores u organizadores de la comunicación. El uso y empleo del mismo mensaje y términos de la publicidad comprueban una campaña nacional promovida y no como expresión ciudadana que es lo que permite la ley.

Las autoridades afines al partido gobernante cuestionan al INE por cumplir y hacer cumplir la ley; el reclamo carece de fundamento. Sus propios legisladores aprobaron una norma contraria al sentido común y a la libertad de expresión. La norma que interpreta la norma recién aprobada por la mayoría de la Cámara es una más de las sin razones de la primera consulta de revocación de mandato.

Columna de Federico Berrueto en SDP Noticias

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