En el informe general de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, el organismo detectó que la Secretaría de Salud no verificó que las instituciones públicas participantes en la adquisición de bienes terapéuticos presentaran todos los documentos requeridos para participar en las licitaciones.

 

Además dijo, tampoco se atendió la demanda total de los insumos solicitados.

 

De las 792 partidas requeridas por las dependencias que demandan estos insumos se licitaron 632 (80 por ciento) y sólo 404 fueron adjudicadas (63.4 por ciento).

 

En 2019, se requirieron 3 mil 988 partidas de bienes terapéuticos, se licitaron 3 mil 257 y sólo mil 181 fueron adjudicadas (36.3 por ciento).

 

En el ejercicio fiscal 2019 también la ASF también observó diversas “deficiencias” en el proceso para contratar el servicio de logística, almacenamiento y distribución de bienes terapéuticos, pues en la investigación de mercado no se acreditó la recepción de 95 cotizaciones, la publicación de la convocatoria, ni se fundamentó la adjudicación directa.

 

A  inicios de la administración actual, el gobierno federal instrumentó las compras consolidadas de medicamentos y material de curación; al tiempo que se transparentan los procedimientos de contratación para todos los proveedores de la industria farmacéutica a nivel nacional e internacional. Sin embargo, la ASF observó diversas inconsistencias en el proceso de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica número LA-006000993-E4-2019 para la compra consolidada de medicamentos y material terapéutico para el Sistema de Salud en el ejercicio 2020.

 

Asimismo, la Secretaría de Hacienda, encargada de realizar el proceso, no verificó que las 36 instituciones públicas participantes presentaran en tiempo y forma la totalidad de los documentos requeridos para participar en el citado procedimiento.

 

La ASF señaló que los procedimientos implementados por Hacienda y la Secretaría de la Función Pública para que las compras públicas se den con las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, no son eficientes y deberán replantearse.

 

Finalmente agregó que en los diagnósticos al sistema de compras públicas y en los documentos públicos de mediano plazo del periodo 2000-2020, se identificó que dentro del marco normativo para las compras públicas en el ámbito federal, prevalecía una multiplicidad de procedimientos.

 

“Se requiere la disposición de una política pública en la que se establezcan los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas de mediano plazo; asimismo, es necesario contar con un marco legal y normativo actualizado en el que se definan las atribuciones para cada uno de los actores de la política”, precisó la Auditoría.

 

Foto:Archivo-e

LSM