En un hecho histórico, el máximo tribunal invalida los permisos porque el Gobierno no consultó previamente a la comunidad indígena y el territorio de Tecoltemi ha dejado de ser parte de una concesión minera. 

 

Es la primera vez que el máximo tribunal tumba una concesión bajo ese argumento, de acuerdo a los abogados consultados, lo que abre la puerta a la cancelación de otros permisos. Sin embargo, los ministros han rechazado declarar inconstitucionales cuatro artículos de la Ley Minera, como reclamaba el ejido.

 

La Primera Sala de la Suprema Corte ha dejado “insubsistentes” las concesiones mineras a la canadiense Almaden Minerals, en línea con lo que proponía el proyecto de sentencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

 

El tribunal confirma que el Gobierno debería haber realizado una consulta libre, previa e informada, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo firmado por México.

 

En los años 2003 y 2009, el gobierno otorgó dos concesiones que sumaban 14.229 hectáreas, sin consultar a las comunidades afectadas.

 

El proyecto de Almaden Minerals consistía en abrir una mina a cielo abierto para extraer oro y plata. 

 

En el 2015, la comunidad, ante el temor de quedarse sin agua para los campos de cultivo, presentó un amparo que a lo largo de casi siete años ha ido escalando instancias judiciales hasta llegar al máximo tribunal.

 

En su defensa, la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía, y la empresa minera habían argumentado que la consulta solo se debía realizar una vez conocido el programa de explotación, no antes de la expedición de títulos. 

 

Sin embargo el proyecto de sentencia apoyado por la Primera Sala rechazaba estos argumentos. “Aun cuando señalen es hasta que se materializa la afectación que surge la obligación de la consulta indígena, esto es contrario a las propias normas y precedentes internacionales”.

 

Así mismo, la sentencia también ordenaba a la Secretaría de Economía “emitirlos nuevamente considerando que (...) existe la obligación convencional para todas las autoridades mexicanas de llevar a cabo los mecanismos o procedimientos necesarios que hagan efectivo el derecho a la consulta previa, libre e informada”.

 

 

 

La empresa, con sede en Vancouver, ha invertido unos 40 millones de dólares en trabajos de prospección y exploración durante los últimos 20 años y buscaba empezar a extraer los minerales.

 

 

Tecoltemi había reclamado la inconstitucionalidad de cuatro artículos, entre ellos, el que establece que esta actividad es “preferente sobre cualquier otro uso del terreno”, por considerar que abría la puerta a violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.

 

Antes de la decisión, Itzel Silva, una de las abogadas de la comunidad, de la ONG Fundar, señalaba que el máximo tribunal estaba ante una oportunidad histórica. “Lo que hace la ley a través de estos artículos es posibilitar la entrega de los territorios a las empresas. Es el origen de las violaciones”, defendía.

 

En contraparte, Pardo Rebolledo rechazaba la inconstitucionalidad de la ley. El ministro afirmaba que la Constitución reconoce “la potestad exclusiva de la Federación para aplicar las modalidades que resulten necesarias para el aprovechamiento de los recursos minerales” y que los derechos de los pueblos indígenas “están sujetos a ciertos límites y restricciones”.

 

En cualquier caso, la decisión de la Suprema Corte sienta un precedente, pues es la primera vez que se cancela una concesión minera por no llevar a cabo lac consulta indígena, según los juristas.

 

 “Es un precedente que consolida una interpretación de la Corte según la cual el derecho a la consulta existe y tiene rango constitucional”, dice el investigador Rodrigo Gutiérrez, de la UNAM.

 

El mismo señala que estas decisiones recientes se inscriben dentro de una larga batalla judicial impulsada principalmente por las comunidades y que el caso de Tecoltemi puede servir de acicate a nuevas impugnaciones de parte de comunidades que no fueron consultadas antes de otorgarse las concesiones.

 

“Hace 15 años, los tribunales ni siquiera reconocían los derechos de los pueblos indígenas ni que el Convenio 169 formara parte de la Constitución. En 2011 se modificó el artículo 1o para hacer que los tratados tuvieran rango constitucional”, apunta el investigador. “Es a partir de la defensa de las comunidades que se va logrando modificar el marco normativo pero se tarda mucho. Hay una desigualdad estructural para acceder a la justicia”.

 

El Gobierno había presionado a la Suprema Corte para que declarara inconstitucionales los cuatro artículos al considerarlos “discriminatorios”.

 

La Secretaría de Medio Ambiente y otras dependencias federales han emitido dos comunicados en un mes.

 

Pese a esta postura crítica, la mayoría parlamentaria de Morena que sostiene al Gobierno no ha impulsado modificaciones a la legislación en tres años y medio.

 

Algunos de sus miembros más destacados están ligados al sector minero, entre ellos los senadores Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, y Armando Guadiana, empresario del carbón.

 

Aunque la Ley Minera se mantiene como está, la decisión de la Suprema Corte abre otra vía de agua en un sector que pasa por un momento delicado. 

 

“No estamos en contra de la consulta en origen pero hemos pedido que haya reglas claras y que se realicen una vez los proyectos hayan obtenido la Manifestación de Impacto Ambiental, cuando haya un conocimiento objetivo. Tampoco existe claramente una definición de los grupos indígenas”, decía en entrevista al diario “El País”, a principios de enero, el presidente de la Cámara José Jaime Gutiérrez. 

 

 

Además de lidiar con la crisis económica de la pandemia, la minería mexicana ha tenido que encajar la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de no dar más concesiones y su propuesta de nacionalización del litio, mineral utilizado en las baterías eléctricas. 

 

En 2020, el sector registró una producción valorada en 13.000 millones de dólares, un incremento respecto al año previo gracias al aumento de los precios internacionales.

 

Hasta hace dos años, en Puebla, existían 282 minas vigentes de un total de 326 concesiones otorgadas en el estado, lo cual significa una superficie de 211 mil 454 metros cuadrados de tierra, es decir, el 6.2 por ciento del territorio de la entidad.

 

De acuerdo con el Informe “2.5 Minería: Concesiones, proyectos y empresas” del Centro de Análisis e Información Fundar, en el estado hay 208 minas abandonadas por conflictos sociales, 44 en producción, una reactivada y 133 en prospección, algunas terminarán de operar hasta el año 2068, después de medio siglo de explotación.

 

Foto: Archivo-e

LSM