El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue detenido el martes por agentes de la policía y fue trasladado, esposado de manos y pies, hacia una base policial, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición por narcotráfico.

Más temprano, el exmandatario (2014-2022), quien dejó el poder en enero, aseguró que colaboraría con la justicia para responder a las acusaciones desde Washington por narcotráfico y uso o posesión de armas de fuego, en un proceso que, según su defensa, podría tardar meses.

Al exmandatario se le acusa de conspirar para fabricar y exportar drogas al país norteamericano y de usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras e instigar a que grupos criminales las utilicen.

Las imputaciones al exgobernante están basadas, en su mayoría, en declaraciones de narcotraficantes durante un juicio a un hermano suyo en la nación norteamericana. Hernández las ha negado en el pasado y el martes temprano dijo estar dispuesto a responder ante la ley.

Luego de que un juez emitiera una orden de arresto en su contra, Hernández fue aprehendido por policías en su casa de Tegucigalpa y, tras abandonarla esposado y con chaleco antibalas, fue escoltado por uniformados hasta la Dirección Nacional De Fuerzas Especiales de la Policía.

"La policía nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje de que estoy presto y listo para colaborar para poder enfrentar esta situación", afirmó el exmandatario en un mensaje de audio horas antes de su detención.

Hernández, de 53 años de edad, fue señalado por narcotraficantes de haber recibido sobornos antes de llegar al poder a cambio de contratos gubernamentales y protección contra posibles capturas y extradiciones a Estados Unidos.

Su equipo de defensa legal había pedido que no se librara una orden de arresto o captura preventiva contra Hernández, toda vez que notificó su voluntad de someterse voluntariamente al proceso de extradición.

La extradición de Hernández puede durar meses ya que, una vez notificado el imputado, debe pasar un mes hasta la audiencia de presentación de pruebas y la resolución judicial puede tardar de 2 a 3 meses más y puede ser, además, apelada, explicó la defensa del exmandatario en un comunicado.

fotografía: actualidad

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