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Estaba escrito que Elektra pagaría

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Elektra aún litiga créditos fiscales por entre 1 mil 500 y 2 mil millones de dólares, Si tiene la razón jurídica, no pagará, y qué bueno por la empresa. Si no la tiene, estará en problemas: es mucho dinero

Escrito en un proyecto de la corte suprema de hace más de un año...

Antier el diario Reforma dio el contexto de la nota acerca de los impuestos de Grupo Elektra: en 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación iba resolver el amparo en revisión con el que pretendía la empresa de Ricardo Salinas Pliego no pagar 2 mil 636 millones 428 mil pesos.

Más o menos en el verano de ese año circuló el proyecto de la ponente, Ana Margarita Ríos Farjat, de la primera sala de la SCJN.

En tal proyecto era contundente la negativa a amparar la empresa de Salinas Pliego: “La justicia de la unión no ampara ni protege a Grupo Elektra, sociedad anónima bursátil de capital variable”.

Es decir, estaba escrito: Elektra debía pagar 2 mil 636 millones 428 mil pesos de impuestos. Pero…

Ni hablar, tal proyecto no llegó a discutirse en la corte suprema. Los abogados de Ricardo Salinas Pliego, con habilidad, promovieron un impedimento para sacar de la decisión a la ministra Ríos Farjat.

Así las cosas, aunque no había realmente razones para ello, en la SCJN se tomó la decisión de que la ministra no conociera el asunto.

Los litigantes de Elektra promovieron la recusación de la ministra Ríos Farjat alegando que estaba impedida por haber sido jefa del Servicio de Administración Tributaria.

Buenos abogados, consiguieron que Ríos Farjat no participara en el caso Elektra. Los litigantes seguramente lo sintieron como un triunfo ya que no existía causal notoria y manifiesta de impedimento y, además, los precedentes respaldaban a la ministra. Hasta ahí, justificaron sus honorarios, que no deben ser menores.

Los asesores jurídicos de Salinas Pliego argumentaron que la ministra, cuando dirigía el SAT, estuvo en una conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que dio a conocer una larga lista de créditos fiscales por cobrar, entre los que estaba el de Grupo Elektra.

La verdad de las cosas, lo anterior no debía ser un impedimento porque el asunto ya estaba en la SCJN cuando Ríos Farjat llegó al SAT — el litigio inició en 2015—; además, se trataba de un amparo contra una ley, no contra un acto de autoridad. Pero Elektra se salió con la suya.

La empresa también promovió un impedimento contra otra ministra de la primera sala, Norma Piña Hernández, quien había conocido del caso como magistrada de un tribunal colegiado.

Con dos ministras impedidas en la primera sala no había quórum legal , por lo que el expediente se envió a la segunda sala.

Debe destacarse un hecho: el de Grupo Elektra no fue un caso que buscaron las ministras a quienes se hizo a un lado.

Se trataba, nada más, de un asunto que se había turnado a la primera sala y le tocó ser ponente a Ríos Farjat, quien hizo simplemente lo que la ley ordena: proponer una sentencia.

Un hecho a destacar es que el caso Elektra le tocó verlo a ella porque tomó el lugar del ministro Luis María Aguilar Morales, quien se fue a la segunda sala.

Si Aguilar hubiera seguido en la primera sala, él habría visto desde 2020 el asunto de la empresa de Salinas Pliego.

De hecho, Luis María Aguilar sí vio el caso: llegó a él, y a los otros ministros y ministras de la segunda sala, cuando los abogados de Elektra lograron marginar a Ríos Farjat y a Piña Hernández.

Interesante: en la segunda sala sí vio el ministro Luis María Aguilar Morales el caso Elektra, y votó a favor de que la empresa no pagara impuestos; el voto de otro ministro, Alberto Pérez Dayán, fue raro: no desechar el recurso de Elektra para estudiar sus argumentos, pero de cualquier modo negar el amparo. ¿O sea?

Según el criterio de Aguilar Morales la empresa Elektra no debía impuestos al SAT… Otro fue el criterio jurídico de dos ministras y un ministro de la segunda sala. Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Javier Laynez Potisek, quienes pensaron que Elektra sí debía pagar impuestos, y en se sentido votaron.

Quizá a Elektra le habría salido la jugada de impedir a dos ministras ver el asunto y llevarlo a la segunda sala si no se hubiera ido de la SCJN el ya ministro en retiro José Fernando Franco González-Salas, de la vieja guardia del poder judicial. Este era el ponente del caso, pero se retiró porque su periodo había concluido y lo heredó a la ministra Ortiz Ahlf.

Fueron hábiles los abogados de Salinas Pliego al lograr que no se discutiera el proyecto de la ministra Ríos Farjat, pero el tiempo les ganó: quizá si en la segunda sala se hubiera votado con el ministro Franco todavía en funciones habrían ganado y hoy no estaría Grupo Elektra obligado a pagar 2 mil 636 millones 428 mil pesos. Eso no lo sé.

En esa lógica, el tiempo conspiró en contra de Ricardo Salinas Pliego. Es decir, llegó a la SCJN la ministra Loretta Ortiz Ahlf, una jurista destacada que, por puro idealismo, participó durante años en un movimiento político —el encabezado por Andrés Manuel López Obrador— basado en rechazar los privilegios indebidos que siempre logran las personas económicamente poderosas.

En la misma situación de Loretta Ortiz Ahlf están Margarita Ríos Farjat y Yazín Esquivel Mossa: se hicieron en el nuevo sistema, que simple y sencillamente trata de que la gente poderosa juegue cada día con menos ventajas no contempladas en la ley, sino conseguidas por sus relaciones con quienes toman las decisiones en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

Hoy la corte suprema, presidida por Arturo Zaldívar, es independiente no solo del poder político, sino también de un poder que puede ser mucho más temible, el económico.

Ya se verá qué pasa con otros juicios de Elektra, empresa que, como dio a conocer Reforma, en su informe anual de 2020 precisó que litigaba ocho créditos fiscales por un total de 34 mil 63 millones de pesos. En La Jornada, Julio Hernández hablaba de 40 mil millones de pesos... Lo que sea, es mucho dinero.

O sea, todavía hay 1 mil 500 y 2 mil millones de dólares que la empresa de Salinas Pliego podría pagar —si no tiene la razón legal— al Estado mexicano.

Columna de Federico Arreola en SDP Noticias

Foto Cuartooscuro

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