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Acusa INE persecución penal contra consejeros desde el Congreso

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Consideran consejeros “muy preocupante” que el presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal

A través de un posicionamiento difundido este domingo, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) consideraron que existe una persecución penal en su contra ante la denuncia que presentó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez.

Se expuso que fue el Consejo General por mayoría el que aprobó el acuerdo de posponer temporalmente algunas actividades preparatorias para la organización de la eventual consulta de Revocación de Mandato.

“En un órgano colegiado las diferencias de opinión y de votos son naturales y se respetan, pues así se toman las decisiones y forman parte del debate público”.

Se indicó que la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida y serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda.

Sin embargo estimó “muy preocupante” que el presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra consejeros y consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado.

“Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen”.

Los consejeros rechazaron las denuncias penales contra cualquiera de sus compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de la autonomía.

“Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión. En un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos”.

El posicionamiento fue firmado por los consejeros Lorenzo Córdova Vianello, Norma Irene De la Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona, Adriana Margarita Favela Herrera, José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala Pérez.

 

Foto: archivo m

 

gse

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