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¿Sumisión, opresión o complicidad?
Dice el dicho: “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”, así este gobierno, que ha quedado muy lejos de la democracia que demanda el pueblo de México.
El compañero presidente y camarada Andrés Manuel López Obrador no ha dudado en utilizar toda la fuerza del Estado para imponer un pensamiento único; el suyo, y una sola corriente política. Para lograrlo, descalifica e intenta desaparecer de la escena política a políticos, partidos y movimientos opositores.
Escuchar la oposición
Para empezar, es la obligación del gobierno en turno el buscar y promover el diálogo con todas las fuerzas políticas y no al revés, sin embargo, después de más de tres años la 4T apenas decidió abrir su caparazón para reunirse a dialogar con el PAN y conminó al PRI para acercarse.
Aunque AMLO siempre cuestiona a sus antecesores, las experiencias democráticas han sido muy distintas. El gobierno de Ernesto Zedillo, uno de los que más critica, fue ejemplo de lo que se logra a través de una mayor apertura democrática. Al llegar a la presidencia Zedillo convocó a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso para impulsar una reforma política-electoral. Los Acuerdos de los Pinos de enero de 1995 dieron como resultado, entre otras cosas, la independencia del IFE y la reforma para que la CDMX eligiera a su gobernante.
Vale la pena recordar que este importante acuerdo democrático fue coordinado por el entonces secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, quien actualmente es un importante integrante del Gabinete lópezobradorista, exsecretario de Educación y actual embajador de México en Estados Unidos.
Pero no sólo estuvo Moctezuma, el acuerdo lo firmaron el PAN, el PRI y el PRD, presidido entonces por Porfirio Alejandro Muñoz Ledo, el legislador que le colocó la banda presidencial a AMLO y por el Partido del Trabajo, que desde su creación no ha cambiado de dirigente ni de dueño, Alberto Anaya.
Otro ejemplo, aunque le moleste a la 4T, fue el famoso Pacto por México, propuesto por uno de los grandes aliados de AMLO, el padre del actual gobernador de Oaxaca, José Murat Casab.
Pero la 4T cambió el sentido y en lugar de ser un gobierno que promoviera los encuentros con las diferentes fuerzas políticas, aliadas o de oposición, impuso sus proyectos a rajatabla, tal cual el PRI de los setenta, al contar con mayoría en el Congreso, la 4T decidió no voltear a ver a quienes no pensaran como ellos.
Cambio forzado
Después de las elecciones de junio pasado, Morena perdió espacios importantes en el Congreso y, con ello, la posibilidad de imponer reformas constitucionales, entonces el gobierno federal lanzó un SOS desesperado para que las fuerzas opositoras se acercaran, pero no lo hizo a través de una convocatoria abierta, sino mediante la presión política.
El primero en morder el anzuelo lanzado desde Palacio Nacional fue el PAN, que a través de Marko Cortés y Santiago Creel decidieron ponerse “de pechito” para negociaciones en lo oscurito que al parecer no llegaron a nada por el perfil intolerante del Jefe del Ejecutivo.
La exdiputada y exaspirante a la dirigencia nacional del blanquiazul, Adriana Dávila lo describió de forma brillante en un artículo publicado en El Universal: “La pluralidad de ideas debe mejorar entre otros aspectos, la política pública y la solución a los muchos problemas de México, en beneficio de la población. Por tanto, celebro cualquier forma de diálogo siempre y cuando éste sea un intercambio efectivo de ida y vuelta y no una simulación”.
Lo dijo porque después de la reunión con sus correligionarios, AMLO actúo exactamente igual que lo hizo Salinas con el PRD, partido donde militaba el tabasqueño, “ni los veo, ni los oigo”. El mensaje de aquella célebre frase era claro: la opinión de la izquierda no tenía valor para ese gobierno.
Igual el camarada Andrés, que después de la reunión simplemente volvió a su cantaleta de acusar a los panistas de neoliberales, conservadores, rateros y todos los calificativos negativos acostumbra contra la oposición.
El presidente no sólo cancela el diálogo con las fuerzas políticas que se expresan en el país de forma plural, sino que al igual que lo hizo Carlos Salinas con sus opositores, AMLO los amedrenta, para eso tiene a su fiscal carnal.
Empezando por la actual gobernadora de Chihuahua, a quien acusaron de estar vinculada con los fraudes de César Duarte ya estando próxima la extradición del exgobernador, así Maru Campos decidió traicionar los principios de su partido que promueven el desarrollo de un proyecto federalista y por instrucciones de AMLO se declaró su aliada y renunció a formar parte de los gobernadores federalistas.
Lo mismo pasó con el gobernador de Tamaulipas, que, al no poderlo doblegar, le aventó toda la fuerza del Estado y lo acusó de ser un narcotraficante y aunque la acusación no se no pudo comprobar, inhabilita políticamente al gobernante tamaulipeco.
La lista es grande, desde el magistrado Eduardo Medina Mora, Rosario Robles, Ricardo Anaya, Ildefonso Guajardo, a los candidatos punteros en la elección de Nuevo León, Samuel García y Adrián de la Garza, Claudio X González por presuntamente recibir dinero ilegal que hasta ahora no se ha comprobado; lo mismo a revistas y periódicos como Nexos a quienes les mandó al SAT y así contra todo aquel que se oponga.
Como en el sexenio de Salinas, en la 4T la persecución sustituyó al diálogo.